La Cámara de Diputados sesionará la tarde de este jueves bajo un contexto marcado por dos posturas cerradas y hasta chantajes. El inició de la reunión está pactada para las 14:00.

La semana pasada, las principales autoridades del legislativo, además de representantes de las tres fuerzas políticas que componen la ALP, firmaron un acuerdo para finalmente redactar y aprobar la Ley de las Elecciones Judiciales, misma que ya fue promulgada por el presidente del Estado, Luis Arce, el pasado martes.

Empero, como parte del acuerdo se comprometió la aprobación de los créditos solicitados por el Gobierno y también el tratamiento de los Proyectos de Ley 073 y 075, que buscan revertir la prórroga de los magistrados del Órgano Judicial, en la Cámara de Diputados.

Tras reclamos de parte del ala evista y la oposición, finalmente el presidente de Diputados, Israel Huaytari, colocó en la agenda de la sesión el tratamiento de los Proyectos de Ley 073 y 075, además de siete créditos solicitados por el Gobierno.

Sin embargo, en la previa, todo parece indicar que la sesión se estancará ante las posturas cerradas tanto del arcismo como del evista y la oposición.

Y es que desde los legisladores del ‘ala arcista afirman que el acuerdo firmado garantiza la aprobación de los créditos, pero no así de los Proyectos de Ley sobre la autoprórroga de los magistrados.

“Los acuerdos dicen muy claramente que previo a entrar al tratamiento de las leyes 073 y 075 se tiene que aprobar en Diputados y Senadores la ley de elecciones y al menos cuatro créditos pendientes desde hace tiempo”, afirmó, por ejemplo, el jefe de la bancada del MAS en Diputados, Jerges Mercado, entrevistado por Unitel.

En esa misma línea, el diputado ‘arcista’, Rolando Cuéllar adelantó que se terminará por rechazar ambos proyectos de Ley y ratificó que los créditos sí deben ser aprobados.

Empero, desde el evismo y la oposición ya se ha dejado en claro que si no se aprueben los proyectos de ley 073 y 075 tampoco se aprobarán los créditos.

“Nosotros no vamos a aceptar, tratar ni considerar ni debatir ningún otro proyecto de ley sin que antes, previamente, se traten los proyectos 073 y 075 que tienen que ver con la cesación de funciones de los usurpadores y de los prorrogados que hoy pretenden quedarse en los tribunales de justicia”, advirtió el jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi.

El legislador de la principal fuerza opositora aseguró que será el Pleno de Diputados el que decida la aprobación o no de ambas leyes, pero resaltó que los proyectos sean, al menos, debatidos.

“Lo que no pueden hacer es incumplir los acuerdos y coartar el derecho al debate que tiene la Cámara de Diputados en un tema tan sensible como es el cumplimiento de la Constitución y el evitar que estos usurpadores continúen en funciones”, afirmó.

Los magistrados y Consejeros del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Agroambiental y del Consejo de la Magistratura concluían su mandato el 31 de diciembre de 2023; sin embargo, su gestión fue ampliada por una resolución del propio TCP y hasta que se realicen las elecciones judiciales.

Los Proyectos de Ley “antiprórroga”

El proyecto de Ley 075 restituye “la plena vigencia de los artículos 183, 188 III, 194 III, y 200 de la Constitución Política del Estado" y consta de dos artículos.

El primero establece, en la “Nulidad de Pleno Derecho”, que “se deja sin efecto el numeral 4 de la parte resolutiva de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023, de fecha 11 de diciembre de 2023”; y el segundo establece que “los Magistrados y Consejeros del TCP, TSJ, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura cesarán sus funciones el 2 de enero de 2024”.

En cambio, el Proyecto de Ley 073 establece la Suspensión de Plazos Procesales y Continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional, como “una medida vital para el funcionamiento ininterrumpido del sistema judicial”.

La norma tiene como objetivo principal la suspensión de plazos procesales en todas las materias, a partir del 2 de enero de 2024, garantizando así la continuidad del trabajo en el sistema judicial hasta la posesión de las nuevas autoridades, elegidas mediante voto popular.

El proyecto de ley proporciona atribuciones específicas a los Tribunales Departamentales de Justicia, la Dirección Administrativa-Financiera y Unidades de enlace administrativo para asegurar la operatividad continua del Órgano Judicial a partir del 2 de enero.

“El Órgano Judicial continuará ejerciendo sus competencias y atribuciones en cumplimiento al mandato constitucional y del ordenamiento jurídico en actual vigencia por intermedio de la administración jurisdiccional ejercida mediante los Tribunales Departamentales de Justicia en todas sus salas incluidas las constitucionales, Juzgados, Tribunales de Sentencia, y Juzgados Agroambientales…”, señala la norma en el parágrafo I del artículo 2.

Otro aspecto fundamental de esta iniciativa es la gestión de los casos pendientes durante este período de transición. Según la disposición aprobada, los secretarios generales del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental, Consejo Magistratura y Tribunal Constitucional Plurinacional tendrán la responsabilidad de recibir y custodiar los casos pendientes en cada una de las instancias judiciales involucradas.