El procurador general del Estado, César Siles, confirmó que el exministro de Gobierno Arturo Murillo debe pagar 6,2 millones de dólares a Bolivia como indemnización por el caso de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos en 2019 e informó que el Estado boliviano busca también repatriar otros 2 millones de dólares que ya fueron confiscados en la investigación por este suceso de corrupción.

La autoridad aclaró que dichos recursos no estaban en poder del exministro Carlos Murillo y su exjefe de gabinete Sergio Méndez, sino que fue confiscado de los otros coacusados de lavado de dinero en Estados Unidos.

“Aproximadamente dos millones de dólares ya están en cuentas del Tribunal de Justicia allá en los Estados Unidos y hemos iniciado también el trámite de la repatriación de esos dineros. ¿Cómo se hace el trámite? Es mixto, es tanto diplomático como judicial”, señaló Siles.

El Procurador indicó que, al igual que ocurre con los 2 millones de dólares, mediante la Cancillería se gestionará la recuperación de los 6 millones que debe pagar Murillo.

Indemnización

La justicia de Estados Unidos dictó una sentencia parcial en el que conmina a que el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, pague una indemnización de 6,2 millones de dólares al Estado boliviano por el caso de la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos en 2019.

La sentencia se da por el juicio civil que el Estado boliviano inició contra Murillo en Estados Unidos, para recuperar el monto afectado por el presunto sobreprecio en la adquisición de los gases durante el Gobierno transitorio de Jeanine Añez.  

el tribunal de Miami decidió que Murillo pague esa indemnización, que se desglosa así: $us 2.291.402,00 por daños reales; $us 443.319.42 por intereses previos al juicio devengados desde el 8 de abril de 2020 al 27 de marzo de 2024; $us 569,09 de viáticos por día hasta la sentencia definitiva y $us 1.030.000 por otras fuentes relativas al litigio.

Murillo fue acusado en Estados Unidos con delitos de incumplimiento del deber fiduciario, conspiración civil, violación de la Ley RICO de Florida, enriquecimiento injusto, gravamen equitativo y demanda constructiva.

Según la sentencia, el exministro no respondió ni se defendió ante las enmiendas de Bolivia. “En consecuencia, el 10 de marzo de 2024, el tribunal declaró rebeldía contra el demandado Murillo”, señala el fallo.

Así, dicho tribunal consideró que “Bolivia tendrá y recuperará contra el demandado Murillo una indemnización por daños y perjuicios por la cantidad de $us 6.287.525,42”.

La misma sentencia subraya el caso de compra con sobreprecio presentado por Bolivia, que se refiere el “Contrato de Armas” celebrado el 19 de diciembre de 2019 por “$us 5,649,137.00, el cual incluyó un recargo indebido de $us 2.291.402.00”.

Según las consideraciones de la sentencia, “el recargo indebido se utilizó luego para pagar sobornos al demandado Murillo por su papel en la obtención del Contrato de Armas”.

En enero de este año, la justicia de EEUU determinó condenar a 70 meses de cárcel a Murillo por lavado de dinero proveniente de la corrupción. El exministro actualmente sigue en un centro de detención de Florida.

En el caso gases lacrimógenos se estableció que Murillo conspiró junto a empresarios amigos, para la compra con sobreprecio del material. Uno de sus colaboradores, Sergio Méndez, ya fue deportado de Estados Unidos a Bolivia y fue enviado a la cárcel de San Pedro.