Juan Carlos Montenegro Bravo, quien fuera gerente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) en el Gobierno de Evo Morales y se encontraba investigado por el caso de las piscinas de evaporación, falleció en las últimas horas y habría dejado una carta póstuma para reivindicar su inocencia.

La información fue confirmada por Teresa Morales, exministra en la gestión de Evo Morales, quien, en contacto con Erbol, lamentó el hecho y calificó la carrera de Montenegro como “impecable”.

En su supuesta carta, Montenegro – que padecía problemas cardiacos- denunció que quienes comenzaron el proyecto del litio en Bolivia ahora están siendo víctimas de atropello. Defendió la limpieza de su trayectoria y aseveró que se negaba a ser "humillado por una justicia amañada".

“No se puede mellar mi límpida trayectoria académica y profesional con este tipo de atropellos y no me prestaré a ser vejado y humillado por una justicia amañada que se vende al poder político o al mejor postor. No lo puedo permitir”, dice la carta.

Y agrega: “Pido perdón a mis seres queridos por el dolor que seguramente les provocará esta mi decisión, pero lo hago también por ellos”.

En su carta, Montenegro también hace referencia el exministro de Minería Luis Alberto Echazú, quien recibió detención domiciliaria por este caso, y afirma que ambos “tenemos un profundo compromiso revolucionario y honesta trayectoria al lado de los trabajadores y las aspiraciones del pueblo boliviano desde nuestra adolescencia”.

Además, coincide con Echazú en señalar que el caso se abrió como una excusa para justificar el “fracaso” en la estrategia de extracción directa de litio.

En la misiva, también se lee la frase “soy inocente” escrita a mano.

En el 2021, YLB identificó irregularidades técnicas en el proyecto de la Planta Industrial de Carbonato de Litio desde su diseño, y no contemplaba la puesta en marcha ni la provisión de agua de proceso.

Son 18 piscinas de evaporación que debían proveer materia prima a la planta industrial de carbonato de litio, pero quedaron inoperables a causa de los materiales usados y un mal manejo, según una auditoría.

Tras un proceso investigación especializada se estableció un daño económico al Estado superior a los Bs 425 millones.

La firma estatal activó un proceso penal en contra de sus exdirectivos – entre ellos Echazú- y la empresa contratista Gerimex SRL, dirigida por el grupo Garafulic, tras hallar problemas que afectan a la provisión de materia prima a la planta de carbonato de litio.

La Procuraduría se sumó a la querella penal y develó que hasta la fecha suman tres aprehendidos, de los 12 investigadas por las irregularidades en las piscinas de YLB. Además de Echazú se aprehendió a los funcionarios Jorge F. M. y Paul Q. B.