El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, detalló que el proceso en contra de la jueza Lilian Moreno inició tras la denuncia presentada por el Ministerio de Justicia por el delito de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad y justificó que se la haya aprehendido sin citación previa.

En conferencia de prensa, Mariaca detalló que la orden de aprehensión fue presentada a la Policía el 3 de mayo y fue ejecutada la mañana de este lunes.

Explicó que la orden de aprehensión fue ejecutada sin haber realizado una citación previa a la jueza Moreno debido a que se evidenció riesgos de “obstaculización y fuga”, además de evidenciar los indicios de que la acusada cometió el delito por el que se la acusa.

“El Ministerio Público tiene la facultad dice liberar una orden de aprehensión sin previa citación, porque existen primero los indicios y segundo existiesen el peligro de fuga y obstaculización que exige dicha normativa para aplicar la resolución fundamentada aprehensión”, aseveró.

Además, Mariaca explicó que la juez es trasladada de Santa Cruz a La Paz “porque quien se ha sentido directamente afectado, como lo viene a ser el Ministerio de Justicia, tiene su sede en el departamento de La Paz”.

La denuncia contra la jueza Moreno se dio después de que ésta dejara sin efecto la orden de aprehensión e imputación contra Evo Morales por el caso de trata y tráfico de personas con agravante.

Además, Moreno ordenó el traslado de obrados de Tarija a Cochabamba.

Sin embargo, el pasado viernes el juez del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Franz Zabaleta, suspendió el fallo de la juez Lilian Moreno, por lo que la orden de aprehensión contra Morales sigue vigente, según el Gobierno.

Entretanto, el Consejo de la Magistratura afirmó que ni Moreno ni el juez de La Paz tenían facultades para resolver ese “conflicto de competencias”, respecto a dónde debe ser juzgado Morales, y debían remitir el caso al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), por lo que serán investigados por “faltas administrativas gravísimas” que podrían derivar, incluso, en su destitución.

En este caso, Morales es investigado por trata de personas con agravante, por haber mantenido una relación con una adolescente en Yacuiba (Tarija) en 2015, cuando ejercía la Presidencia de Bolivia, con quien tuvo una hija, según investigaciones fiscales.