El Tribunal Supremo Electoral (TSE) pidió este miércoles que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) apruebe la Ley que garantiza y blinda el principio de preclusión, de cara a las elecciones generales convocadas para el próximo 17 de agosto.

En conferencia de prensa, el vocal Gustavo Ávila recordó que el TSE presentó la norma al legislativo meses atrás con el objetivo de evitar repetir los problemas que hubo en las elecciones judiciales en el proceso electoral de los comicios generales.

En las judiciales, diversas resoluciones y sentencias constitucionales terminaron por aplazar el proceso electoral y derivó en que no se lleven adelante en su totalidad.

“Por lo que sucedió en las judiciales enviamos una ley para blindar el principio de preclusión (…) Aprueben este Proyecto de Ley, aprendamos de nuestros errores”, aseveró Ávila.

Ávila, en ese sentido, afirmó que sin la Ley el TSE está obligado a cumplir las resoluciones y sentencias constitucionales que se vayan a emitir en torno a las elecciones.

Precisamente en cumplimiento a una medida cautelar, el TSE dejó en suspenso la inscripción de las candidaturas presentadas por la Alianza Popular, que postula a Andrónico Rodríguez a la presidencia.

Ávila, en ese sentido, reprochó que ahora algunos legisladores critiquen al TSE por cumplir la medida cautelar y no hacer prevalecer el principio de preclusión.

La norma ya fue aprobada por la Cámara de Diputados, pero aún no fue tratada por el Senado, instancia que, precisamente, está bajo el mando de Andrónico Rodríguez.

El proyecto de Ley de Modificación a las leyes N° 018 del Órgano Electoral Plurinacional y la N° 026 del Régimen Electoral, de 30 de junio de 2010, tiene el objetivo de garantizar el principio de preclusión para los procesos electorales.

La norma consta de tres artículos y una disposición única. De acuerdo con los argumentos técnicos del proyecto, la preclusión garantiza que los procesos electorales no se alarguen indefinidamente y que los resultados sean definitivos.

Asimismo, este principio impide la revisión de decisiones ya tomadas en una etapa anterior al proceso, aunque se puedan interponer recursos dentro de plazos establecidos, es decir, garantiza la seguridad jurídica de los resultados electorales y evita “incertidumbres o controversias innecesarias”.