Debido al aumento de violencia y la creciente conflictividad generada por los seguidores de Evo Morales, que buscan forzar la candidatura presidencial de su líder a pesar de estar inhabilitado por sentencias constitucionales, el Ministerio Público decidió replegar a los fiscales del Trópico de Cochabamba, región considerada bastión del dirigente cocalero y donde se reporta la mayor cantidad de puntos de conflicto y bloqueo.

La orden fue emitida por el fiscal departamental, Osvaldo Tejerina, quien pidió a los funcionarios trasladarse con lo “esencial” y evitar portar “credenciales o distintivos institucionales”, como medida preventiva mientras se estabiliza la situación en esa región.

Por su parte, el fiscal General del Estado, Roger Mariaca, explicó que esta medida busca preservar la integridad física de los servidores públicos, en medio de amenazas, bloqueos y creciente hostilidad en el Trópico de Cochabamba, donde se atrincheró Morles desde noviembre de 2024.

“Se les ha instruido considerar el repliegue a un lugar más cercano y que se considere seguro para ellos. Es una voluntad ya netamente de los mismos fiscales, también con el afán de resguardar el orden constitucional quieren seguir trabajando, dentro de lo que es el Trópico”, explicó en conferencia de prensa.

La Fiscalía General también solicitó al Comando Departamental de la Policía de Cochabamba y a las Estaciones Policiales Integrales (EPIs) que extremen medidas de seguridad para proteger al personal fiscal, judicial y policial que aún permanece en las localidades del Trópico.

El TSJ analiza replegar a jueces

Por su parte, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, informó que esa instancia analiza la posibilidad de replegar a jueves y otras autoridades judiciales del Trópico cochabambino, ante el riesgo generado por las protestas y bloqueos promovidos por sectores afines al expresidente Evo Morales.

“La Policía, que es la institución encargada de mantener el orden se ha retirado, el Ministerio Público lo mismo y nosotros no descartamos también, a efecto de precautelar la integridad y la vida de los jueces y los funcionarios de apoyo jurisdiccional en aquellos lugares donde el Estado no nos de la garantía para que puedan trabajar”, afirmó Saucedo en entrevista con Unitel.

Afirmó que es el Gobierno quien debe garantizar el funcionamiento de las instituciones en las diferentes regiones del país y analizar la situación y los mecanismos para cumplir con su misión constitucional.

“Quien debe garantizar el funcionamiento para los fiscales, para los funcionarios de apoyo, para los jueces, tiene que ser el Ejecutivo. Si la Policía es rebasada tendrá que acudir a otro tipo de acciones concretas que le garantice al pueblo boliviano la tranquilidad en el país”, indicó Saucedo.