El informe del Índice de Estado de Derecho publicado por el World Justice Project (WJP) colocó a Bolivia como el país con más alto rango de corrupción de América Latina y el segundo más alto a nivel global.

Según los datos de ese índice, a nivel de América Latina y el Caribe, Bolivia se ubica en el puesto de 32 de 32 países medidos en el indicador “ausencia de corrupción”.  A escala global, Bolivia se ubica en el puesto 141 de 142 países analizados, en el penúltimo lugar, solo por encima del Congo.

Bolivia obtuvo 0,23 puntos en el índice del ítem de “ausencia de corrupción”, que se basa en cuatro puntos: 1) Que los funcionarios del Ejecutivo no utilicen el cargo para fines privados; 2) Que los funcionarios del Poder Judicial eviten el uso indebido del cargo para beneficio personal; 3) Que los integrantes de la Policía y el Ejército no aprovechen su posición para obtener ventajas privadas; y 4) Que los funcionarios del Poder Legislativo no se beneficien personalmente del cargo.

El Gobierno rechaza el informe y cuestiona su metodología

La ministra de Justicia y Transparencia Institucional, Jessica Saravia, rechazó el informe del Índice de Estado de Derecho publicado por el World Justice Project (WJP) sobre Bolivia y cuestionó su metodología, como su “uso con fines políticos”.

“Es necesario lamentar que muchos de los informes que llegan en la materia de lucha contra la corrupción tengan que ser tergiversados políticamente. Nosotros negamos enfáticamente lo manifestado dentro de ese informe, considerando que proviene de una ONG”, afirmó en conferencia de prensa.

También aseguró que genera “muchas dudas”, porque se desconoce los criterios técnicos y metodológicos con los que se trabaja este índice del WJP, que es definido como es una herramienta que mide indicadores como la ausencia de corrupción, justicia civil y penal.

La Ministra, en ese sentido, aseveró que, a diferencia del informe, Bolivia fue evaluada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), en el marco de una revisión técnica sobre integridad pública y lucha contra la corrupción, que estableció resultados positivos que respaldan las acciones del Gobierno en esta materia.

“Bolivia cumple con criterios regulatorios, es decir, con una normativa sobre el marco estratégica de un 67% (…) por ejemplo, sobre el conflicto de intereses, Bolivia cumple con el 100% de las salvaguardas regulatorias y ha implementado el 78% en la práctica”, detalló.

Sobre los avances en acceso a la información pública, según la evaluación de la OCDE, Bolivia alcanza un 64% de cumplimiento en acceso a la información y un 61% en datos abiertos.

“Estos datos nos hacen establecer con criterios absolutamente objetivos que Bolivia ha avanzado en muchos temas en materia de corrupción”, enfatizó Saravia.

Asimismo, mencionó la existencia del Sistema de Transparencia y Control Social (SITPRECO), una plataforma que permite a la ciudadanía presentar denuncias por corrupción. A la fecha, el Viceministerio de Transparencia tramita más de 900 causas.

“Queremos señalar que tenemos un compromiso, pero además un mandato de no permitir la corrupción en el Estado. Lo que nosotros siempre vamos a hacer es generar la legalidad respectiva en todos los procesos que estén a cargo del Viceministerio”, enfatizó.

// Con información de Visión 360 y ABI