La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó este lunes su preocupación por el aumento de la violencia, estigmatización y restricción en contra de periodistas y medios de comunicación en Bolivia.

A través de una nota de prensa, la SIP afirma que esa situación “representa una grave amenaza al derecho constitucional a la libertad de prensa”.

Por ello, la organización instó al gobierno boliviano a “fomentar un clima de respeto, a cesar la retórica de descrédito contra la prensa y a garantizar condiciones seguras para el ejercicio periodístico”.

La alerta de la SIP se suma al pronunciamiento de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Corresponsales de la Prensa Internacional (ACPI) sobre la escalada de “ataques, hostigamientos y restricciones al ejercicio periodístico, en un contexto de tensión electoral y crisis económica” desde enero.

“Entre otras violaciones a la libertad de prensa, los y las periodistas han sido víctima de agresiones verbales y violencia física, especialmente contra mujeres periodistas; amenazas y decomiso de equipo”, señala la SIP.

El informe semestral de la SIP consignó que en Bolivia las restricciones contra la prensa tienen cuatro escenarios: “exclusión de la publicidad estatal, persecución tributaria y el discurso contrario al trabajo de la prensa libre, que a su vez se transforma en violencia” y agregó que “el discurso ideológico en contra de medios y periodistas se expresa en consignas estigmatizantes en las que se los califica de ‘prensa vendida’ y ‘cárteles de la mentira’’’.

En ese sentido, el presidente de la SIP, José Roberto Dutriz, expresó que “resulta alarmante constatar cómo la violencia y la estigmatización afectan directamente a periodistas y medios en Bolivia”.

“Es indispensable proteger la libertad de prensa, pilar esencial de toda democracia y garantía de que la ciudadanía pueda acceder a información libre y veraz”, añadió.

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora de la Organización Editorial Mexicana (OEM), instó al gobierno boliviano a “mostrar tolerancia frente a la diversidad de opiniones y a garantizar investigaciones exhaustivas e imparciales sobre cualquier acto de violencia o amenaza contra periodistas y medios”.

Agregó que “el Estado debe asumir su responsabilidad de promover un entorno seguro para el ejercicio del periodismo, desalentar todo tipo de discurso estigmatizante y poner fin a cualquier incitación a la violencia”.

El Índice de Chapultepec 2024 de la SIP reportó que Bolivia la calificación de “alta restricción” en el país “es indicativa de los múltiples casos de violencia en contra de periodistas y medios; de impunidad ante estos hechos, del cierre de medios y de las crecientes restricciones para informar y expresarse”.

Además, concluye que “la labor periodística es víctima múltiple de la asfixia económica gubernamental, del acoso y de los ataques físicos, verbales, cibernéticos, policiales y judiciales, entre otros, que ahondan la vulnerabilidad de su ejercicio y que conculcan la garantía democrática de una sociedad informada y con libertad de expresarse”.

El país se ubicó en el puesto 18 de 22 países analizados en el estudio sobre el comportamiento de las libertades de expresión y de prensa.