El Gobierno nacional, a través de la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, ratificó que no ejerce presión sobre la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para aprobar los contratos de litio.

Afirmó que las gestiones del Gobierno para industrializar el litio, resguardando la soberanía del país sobre el producto, inició el 2020.

“Hoy está en manos de la ALP aprobar o rechazar. No hay una presión para que se aprueben esos contratos de parte del Ejecutivo. Hemos hecho un trabajo responsable cumpliendo todos los parámetros y de manera transparente”, señaló.

Afirmó que los contratos se firmaron con dos de las empresas más importantes del mundo en lo que respecta el litio y reiteró que ahora la responsabilidad está en manos del legislativo.

“No hay una presión (…) No debería haber condicionamientos”, acotó.

Por otro lado, la autoridad cuestionó que hasta ahora la ALP no haya aprobado los créditos estancados y, así, incumpla el compromiso que asumió en el último Encuentro convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

“Lamentamos que no se hayan aprobado en las debidas gestiones, en las gestiones que se realizan”, aseveró.

Reiteró, no obstante, que el Gobierno seguirá extremando esfuerzos para garantizar la importación de combustible en el país.

Ya la pasada semana, el presidente Luis Arce aseguró que su Gobierno no ejerce ningún tipo de presión sobre la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para que esa instancia apruebe los contratos de litio firmados con Uranium One Group (Rusia) y la empresa china Hong Kong CBC Investment Limited.

“Aclaramos que nuestro Gobierno no ejerce ningún tipo de presión para la aprobación de esos contratos. Es la Asamblea Legislativa Plurinacional la que debe cumplir con sus tiempos y procedimientos para debatir, aprobar o rechazar los contratos en el marco de sus atribuciones constitucionales”, afirmó.

A través de sus cuentas en las redes sociales, Arce señaló que en 2021 su Gobierno “asumió con gran responsabilidad el desafío de la industrialización del litio boliviano” y por eso convocó “a las empresas más prestigiosas del mundo” y “recibiendo un interés sin precedentes de más de 21 compañías internacionales”.

“Fruto de este esfuerzo entre 2023 y 2024 logramos firmar 14 convenios de validación tecnológica y estudios preliminares con socios estratégicos de diversas nacionalidades. Estos convenios sentaron las bases para la firma de dos contratos sumamente favorables para Bolivia en 2024, garantizando la soberanía sobre este recurso natural estratégico y la participación mayoritaria de nuestro país en toda la cadena productiva y de comercialización”, afirmó.

Y acotó que “como manda la ley, en 2024 presentamos dichos contratos a la Asamblea Legislativa Plurinacional para su tratamiento, el que fue aplazado hasta febrero de 2025 para llevar a cabo su respectiva socialización”.

Los contratos

La Empresa Pública Nacional Estratégica de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) y Uranium One Group (Rusia) firmaron el 11 de septiembre de 2024 el contrato de asociación accidental para el desarrollo de una planta de extracción directa de litio (EDL) y carbonatación de litio en el Salar de Uyuni, departamento de Potosí.

El presidente de YLB indicó que la planta será emplazada en cercanías del campamento de YLB, en el sector de Llipi, con una inversión aproximada de $us 976 millones, además producirá carbonato de litio grado batería certificado, mediante fases y etapas de escalamiento hasta llegar a las 14.000 toneladas métricas anuales.

Entretanto, el contrato entre YLB y la empresa china Hong Kong CBC Investment Limited se firmó el 26 de noviembre de 2024, que incluye la instalación de dos plantas industriales y una producción escalonada de 35.000 toneladas anuales de ese compuesto.

Según información oficial de YLB, el contrato de servicios permitirá desarrollar el diseño final de ingeniería, la construcción y operación de una planta que producirá 10.000 toneladas anuales de carbonato de litio grado batería, a partir de salmuera residual y otra planta de 25.000 toneladas, a partir de salmuera de pozo.

Ambas emplearán tecnología de Extracción Directa de Litio (EDL), permitiendo optimizar el uso de la materia prima, la energía y el agua, ideal para proteger el medioambiente y garantizar una producción sostenible de litio, y asegurar una recuperación del 80%.

Las factorías estarán emplazadas en el Salar de Uyuni y la inversión total alcanza a los $us 1.030 millones.

El pasado 6 de junio, el Juzgado Público Mixto de Instrucción Penal, Civil y Comercial N°1 de la población de Colcha “K”, en Potosí, denegó la tutela a la Acción Popular presentada por comunarios de Nor Lípez, que pretendía paralizar el tratamiento legislativo de los contratos suscritos por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con las empresas Uranium One Group (Rusia) y el consorcio chino CBC.

La sentencia judicial, asimismo, resolvió dejar sin efecto la medida cautelar del 27 de mayo de 2025, que prohibía a la Asamblea Legislativa continuar con el tratamiento y posterior aprobación de los contratos.

Según informó el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, la justicia también concluyó que no existe una amenaza directa e inminente a los derechos que los demandantes alegaban como vulnerados, “por lo que la tramitación de los contratos en el Legislativo debe continuar”.