El Gobierno nacional, a través de la viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, afirmó este jueves que el Ministerio de Justicia actuará con “plena objetividad” y en el marco legal en el caso denominado “Consorcio”, por lo que descartó cualquier tipo de injerencia.

“Queremos dar tranquilidad al Órgano Judicial y al Ministerio Público: No habrá ningún tipo de injerencia. Actuaremos con transparencia y dentro de nuestras competencias”, explicó en conferencia de prensa.

Aseveró, en ese sentido, que mientras el caso estuvo en reserva por instrucción del Ministerio Público, el Viceministerio de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción evitó cualquier actuación para no interferir en el curso de la investigación.

“Nosotros respetamos las decisiones de estos órganos que tienen plena autonomía y garantizamos la máxima objetividad, obviamente, y nosotros vamos a hacer lo que corresponde en el marco de nuestras competencias”, insistió.

El pasado lunes se conoció que el Ministerio Público decidió levantar la reserva del llamado ‘caso consorcio’, relacionado a maniobras judiciales para la destitución inconstitucional de magistrados electos por el voto popular. Además, amplió las investigaciones a la última denuncia realizada por la decana del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Rosmery Ruiz Martínez, sobre presuntos intentos de destituirla como magistrada titular de Tarija.

En contacto con la prensa, el fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que la reserva del caso se levantó el pasado viernes ya que, tras un análisis, se definió que no era “pertinente ni necesaria” su ampliación.

En ese marco, se conoce que ocho personas son investigadas por el caso destapado el mes pasado, siete de las cuales ya fueron cauteladas y uno tiene una orden de aprehensión vigente en su contra.

Por este caso, los tres investigados que cumplen detención preventiva son el juez de Coroico, Fernando Lea Plaza (seis meses); el exministro de Justicia César Siles (cinco meses); y la exvocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz Claudia Castro (cuatro meses), los tres permanecen internados en centros médicos bajo custodia.

Otros cuatro imputados -entre ellos el magistrado suplente Iván Campero, el expresidente del TDJ La Paz Yván Córdova y el abogado José Ramiro Uriarte- fueron beneficiados con detención domiciliaria, una medida que fue apelada por el Ministerio Público.

Caso consorcio

La investigación del caso surgió a raíz de la decisión del juez de Coroico Marcelo Lea Plaza, quien, tras una acción de cumplimiento, trató de destituir a la magistrada del TSJ por La Paz, Fanny Coaquira Rodríguez, y en su lugar habilitar como magistrado a Iván Ramiro Campero Villalba, quien no logró los votos suficientes en las elecciones judiciales para ser magistrado electo titular.

El presidente del TSJ, Romer Saucedo, en ese sentido, detalló el accionar del presunto consorcio para dar el “golpe” al Órgano Judicial.

Relató que en enero, el exministro César Siles impuso que Yván Córdova sea el Presidente del Tribunal Departamental (TED) de Justicia de La Paz. “Asumiendo la presidencia, empieza a gestarse un juego de intereses para poder asumir el ex vocal y decano Iván Campero, quien es magistrado suplente de la doctora Coaquira”, relató.

En ese sentido, el Presidente del TSJ señaló que Córdova delegó a Claudia Castro como vocal de la Sala Penal y fue ella la encargada de coordinar la acción de cumplimiento con la que el juez Lea Plaza destituiría a la magistrada Coaquira, acción por la que fue aprehendido y detenido preventivamente.

“Todo esto protegido por el exministro (Siles). A título personal planifica este ataque al Órgano Judicial”, relató Saucedo.

Incluso, señaló que se están ejecutando accionares similares en busca de destituir a magistrados y tribunos del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental y así “dar un golpe a la democracia y la institucionalidad”.

En conferencia de prensa, el Presidente del TSJ recalcó que el accionar de Siles fue a “título personal” y no así del Gobierno boliviano.