El procurador general del Estado, Ricardo Condori, aclaró este martes que no existe una orden judicial para el traslado de Luis Fernando Camacho a la ciudad de Santa Cruz, como informó la defensa legal del gobernador cruceño encarcelado. Explicó que lo dispuesto por el juez en una reciente audiencia fue solo una recomendación administrativa.

“Hay que aclarar lo siguiente, el juez jamás ha ordenado similar situación. Lo que sí ha indicado, y de manera textual es lo siguiente ‘se recomienda, se exhorta a las autoridades administrativas realizar los trámites administrativos pertinentes para viabilizar el traslado del señor Camacho a la ciudad de Santa Cruz', empero dice también ‘si es que existe alguna situación que pueda generar algún impedimento, deben hacerle conocer al Tribunal de Sentencia’”, dijo Condori en conferencia de prensa.

Según el Procurador, la defensa de Camacho habría activado una acción de libertad argumentando que se vulneró su derecho a asistir a 14 audiencias que se suspendieron previamente en el caso denominado “Decretazo”.

Además, recordó que en este proceso aún existe una apelación pendiente, lo que hace inviable llevar adelante una audiencia de juicio en este momento.

Asimismo, mencionó que hay un amparo constitucional vigente que instruye al Tribunal Cuarto de Sentencia de Santa Cruz considerar otras modalidades para la audiencia, como la vía virtual.

“Este amparo le dice 'tienes la posibilidad de hacerla de manera virtual’, es decir que el señor Camacho tranquilamente podría conectarse de manera virtual. Segundo, puede realizarse de manera mixta, es decir, una virtualidad y presencialidad hace referencia a que el Tribunal puede trasladarse a la ciudad de La Paz.¿Cuál es el impedimento? Muchos tribunales lo hacen en otros procesos sin mayor problema”, cuestionó el Procurador.

Entretanto, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, aseveró que informes de Inteligencia de la Policía definirán el traslado o no de Camacho a la ciudad de Santa Cruz para el inicio del juicio oral por el caso “Decretazo”, fijado para este 25 de julio.

El proceso judicial gira en torno al Decreto Departamental 373, aprobado en marzo de 2022, por el cual Camacho delegó temporalmente sus funciones en Miguel Ángel Navarro, secretario de Gestión Institucional, en lugar de que asuma el cargo de forma interina el entonces vicegobernador Mario Aguilera, como establece el Estatuto Autonómico de Santa Cruz.

Por esa decisión, Camacho es investigado por la denuncia de comisión del delito de emisión de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.