Arce se solidariza con Lula da Silva por “amenazas” de Trump de imponer aranceles del 50% a Brasil
“Desde el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, expresamos nuestra solidaridad con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y con el hermano pueblo del Brasil, frente a las recientes amenazas del mandatario estadounidense Donald Trump, quien anunció represalias arancelarias del 50% por haber acogido la Cumbre de los BRICS y exigió la liberación del ex presidente Jair Bolsonaro”, señaló Arce a través de sus cuentas en las redes sociales.

El presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Luis Arce, expresó su solidaridad con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, por las amenazas del Gobierno de Estados Unidos respecto a imponer aranceles del 50% a Brasil.
“Desde el Gobierno del Estado Plurinacional de Bolivia, expresamos nuestra solidaridad con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y con el hermano pueblo del Brasil, frente a las recientes amenazas del mandatario estadounidense Donald Trump, quien anunció represalias arancelarias del 50% por haber acogido la Cumbre de los BRICS y exigió la liberación del ex presidente Jair Bolsonaro”, señaló Arce a través de sus cuentas en las redes sociales.
Para Arce, los pronunciamientos del mandatario estadounidense “constituyen una injerencia en los asuntos internos de un país soberano y representan un atentado contra el multilateralismo, el respeto entre naciones y la democracia, situaciones que no pueden ser aceptadas”.
“Los Estados deben guiarse por el respeto mutuo y la cooperación, no por la imposición”, añadió.
En ese contexto, el presidente boliviano hizo un llamado a la comunidad internacional a rechazar cualquier intento de presión o chantaje que vulnere la autodeterminación de los pueblos.
“América Latina ha luchado históricamente por construir un destino común basado en la dignidad, la paz y la soberanía. Nos mantenemos firmes junto a Brasil en la defensa de su soberanía, sus instituciones y su derecho a decidir su camino sin interferencias externas”, concluyó.
El caso
Brasil afronta una semana decisiva ante la inminente entrada en vigor, el 1 de agosto, del nuevo arancel del 50% sobre todos sus productos exportados a Estados Unidos. Hasta ahora, Brasilia no ha recibido señales de disposición a negociar por parte de la Administración estadounidense, y no se espera que el presidente Donald Trump dé marcha atrás.
Una salida razonable para Brasil podría ser intentar ampliar este plazo para que los productores brasileños tengan tiempo de prepararse, pero tampoco hay ninguna garantía de que esto sea viable. Hasta el momento, lo máximo que ha logrado el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva es hacer un puente con las empresas estadounidenses para intentar convencer a Trump de retomar las negociaciones.
El 16 de julio, la Cámara de Comercio de Estados Unidos y la Cámara de Comercio Estadounidense para Brasil (Amcham Brasil) publicaron una nota conjunta solicitando la suspensión de los impuestos del 50% a los productos brasileños.
La nota de ambas entidades destaca que esta medida unilateral afectará “productos esenciales para las cadenas productivas y los consumidores estadounidenses, aumentando los costos para las familias y reduciendo la competitividad de sectores productivos estratégicos en Estados Unidos”. Además, recordaron que unas 6.500 pequeñas empresas estadounidenses dependen de las importaciones brasileñas y otras 3.900 empresas tienen inversiones en Brasil.
Los Bolsonaro, detrás de la pugna
Donald Trump ha vinculado su subida arancelaria a los productos Brasil con el caso contra el expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro, quien enfrenta un juicio por una supuesta trama golpista contra Lula. Pero analistas ven algo más detrás.
Mientras tanto, la escalada de tensión sigue imparable. La Administración Trump revocó el visado a ocho de los 11 jueces de la Corte Suprema de Brasil y a sus familiares. Además, los aliados del exmandatario Jair Bolsonaro aseguran que Washington anunciará pronto nuevas sanciones contra el Tribunal Supremo y contra el país.
En sus redes sociales, y hasta en una reciente transmisión en vivo, el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, se atribuyó el mérito de haber impulsado estas medidas.
En marzo, Eduardo Bolsonaro se instaló en territorio estadounidense para hacer 'lobby' a favor de la amnistía de su padre por la trama golpista.
En una entrevista con 'CNN', afirmó que el arancel del 50% “no es el escenario deseado", pero es la “única esperanza” que le queda. El diputado también afirmó que “lamenta que el pueblo brasileño tenga que pagar la cuenta”.
Precisamente por esta razón, el juez Alexandre de Moraes ha abierto una investigación por coacción e intento de obstrucción a la Justicia.
Eduardo Bolsonaro es acusado de haber realizado declaraciones y publicaciones en redes sociales en repetidas ocasiones, en las que afirma estar trabajando para que el Gobierno de EE. UU. imponga sanciones a jueces del Tribunal Supremo, así como a miembros de la Fiscalía General y de la Policía Federal, por lo que califica como una persecución política contra él y su padre.
El 19 de julio, el juez Moraes manifestó que Bolsonaro había intensificado las conductas ilícitas a través de "varias publicaciones y ataques" contra la Corte Suprema en redes sociales. El magistrado decidió que dos de las muchas publicaciones realizadas fueran adjuntadas a las actas del proceso que investiga las acciones del diputado en Estados Unidos.
Dos días después, ordenó el bloqueo de sus cuentas bancarias y de todos sus bienes.
En una de sus publicaciones, Eduardo Bolsonaro dijo que el juez del Tribunal Supremo ya no podrá viajar a Estados Unidos y, en la otra, lo calificó de “dictador”, al comentar las medidas cautelares impuestas a Jair Bolsonaro el pasado 18 de julio, entre ellas el uso de tobillera electrónica.
En medio de este cruce de ataques, ha cobrado fuerza la idea de que las críticas de Trump al juicio contra Bolsonaro —al que calificó de “injusto” y “cacería de brujas”— podrían ser solo una cortina de humo.
El Gobierno brasileño está convencido de que Trump estaría usando el componente político a favor del expresidente de extrema derecha para alcanzar otro objetivo, considerado prioritario: impedir que Brasil tome medidas contra las grandes empresas tecnológicas estadounidenses y que el Tribunal Supremo dé marcha atrás en las que ya han sido adoptadas.