El Ministerio de Trabajo ratificó este jueves el feriado nacional para el próximo 7 de agosto, declarado de manera excepcional por el año del Bicentenario del país, y aclaró que el personal que cumpla la jornada laboral debe recibir el pago doble de su salario diario normal.

“Es oficial, el Gobierno nacional ha emitido un decreto supremo que, de conformidad a la Constitución Política del Estado, es de cumplimiento obligatorio”, remarcó el director de Trabajo, Richard Pilco, en contacto con Bolivia Tv.

El Gobierno nacional aprobó el Decreto Supremo 5438 que señala que, con la finalidad de resaltar y promover la participación de los bolivianos en la celebración del Bicentenario de Bolivia, se declara feriado nacional los días 6 y 7 de agosto, con suspensión de actividades laborales públicas y privadas, únicamente para la presente gestión.

Pilco recordó que la Constitución Política del Estado faculta al Gobierno nacional regular las relaciones laborales relativas a la jornada laboral, descansos remunerados y feriados, entre otros.

“El feriado del 7 de agosto es excepcional y solo tiene vigencia en la gestión 2025, por lo tanto, en 2026 no será feriado”, reiteró.

El director informó que, al ser considerado como feriado nacional excepcional, el jueves 7 de agosto, la suspensión de actividades laborales es de cumplimiento obligatorio para instituciones públicas y privadas; por lo tanto, el personal que trabaje esa jornada debe recibir el pago doble de su salario.

“Hay establecimientos laborales, hay unidades económicas productivas que, por el rubro, tengan que imperiosamente desempeñar algún tipo de función el día 7 de agosto, en ese caso podrán negociar con el trabajador, la trabajadora o con la organización sindical, pero se considera ya un feriado nacional y tendrá que cancelarse esa jornada con un pago doble para el trabajador”, explicó Pilco.

En tanto, el feriado nacional del 6 de agosto, en conmemoración de la Independencia de Bolivia, se mantiene vigente como en las gestiones anteriores, con la suspensión de actividades laborales públicas y privadas.

La medida anunciada por el Gobierno fue rechazada por sectores empresariales y económicos con los Cámara Nacional de Industrias y la Cainco, entre otras.