A través de un instructivo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, ordenó a los Tribunales Departamentales verificar el cumplimiento de los plazos de la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Añez; del gobernador electoral de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; y del exlíder cívico potosino, Marco Pumari.

“Todas las autoridades jurisdiccionales en todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado boliviano, de manera inmediata y dentro de las facultades constitucionales, convencionales y legales que les inviste, en el plazo de 24 horas computables desde su notificación con la presente disposición, procedan a la verificación del cumplimiento de plazos de la medida cautelar personal de detención preventiva en todos los procesos que tuvieran en su contra los ciudadanos: Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari”, señala el instructivo emitido este viernes.

Asimismo, el TSJ señala que los jueces que ejercen control jurisdiccional deben dar cumplimiento al instructivo así sea actuando de oficio.

La resolución, finalmente, expone como argumento el cumplimiento de lo establecido en el artículo 3, numerales 2, 3, 4 y 12 y en marco de las atribuciones legales conferidas en el art. 40 numeral 4 de la Ley 025 (ley del Órgano Judicial), siendo una facultad privativa de la Presidencia del TSJ el “velar por la correcta y pronta administración de justicia en todos los Tribunales Departamentales y juzgados públicos del Estado Plurinacional”.

“La presente disposición, bajo ninguna circunstancia y/o interpretación, pudiere entenderse como intromisión interna a las facultades privativas que tiene cada administrador de justicia, sino por el contrario, debe ser el reflejo y la máxima expresión de la independencia judicial que se manifiesta en las resoluciones sin injerencias ni presiones”, añade el instructivo.

Una revisión de las medidas cautelares de los tres, podría derivar en una liberación si así lo consideran los respectivos jueces.

Añez fue detenida por el caso denominado “Golpe de Estado I”, pero recibió una sentencia de 10 años de cárcel por el caso “Golpe de Estado II”, siendo después apartada del primer proceso. También afronta procesos por las ‘masacres’ de Sacaba y Senkata ocurridas el 2019 y poco tiempo atrás la justicia definió que sea procesada a través de un juicio de responsabilidades por el llamado ‘caso EBA’.

En cuanto a Camacho y Pumari, ambos fueron encarcelados preventivamente por el caso “Golpe I”, aunque su juicio está paralizado mientras el Tribunal Constitucional define si el delito de terrorismo se adecúa a la Carta Magna.

El gobernador cruceño, además, también afronta otros procesos penales como el denominado ‘caso Dceretazo’.