El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, recordó al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que más de 19 mil detenidos preventivamente esperan que sus casos sean revisados. El pronunciamiento se da después de que el presidente del TSJ, Romer Saucedo, instruyera a los Tribunales Departamentales verificar el cumplimiento de los plazos de la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Añez; del gobernador electoral de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; y del exlíder cívico potosino, Marco Pumari.

A través de su cuenta en la red social ‘X’, Callisaya recordó que el 58.2% de 33.275 privados de libertad en las cárceles de Bolivia (19.366) cumplen detención preventiva, “quienes también están a la espera de que sus procesos sean revisados en los plazos legales de tramitación”.

“Garantizar el debido proceso, la celeridad y la igualdad ante la ley no es solo una obligación legal, sino un compromiso ético con los derechos fundamentales de todas las personas”, acotó el Defensor del Pueblo.

Este viernes, a través de un instructivo, el presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, ordenó a los Tribunales Departamentales verificar el cumplimiento de los plazos de la detención preventiva de la expresidenta Jeanine Añez; del gobernador electoral de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho; y del exlíder cívico potosino, Marco Pumari.

“Todas las autoridades jurisdiccionales en todos los Tribunales Departamentales de Justicia del Estado boliviano, de manera inmediata y dentro de las facultades constitucionales, convencionales y legales que les inviste, en el plazo de 24 horas computables desde su notificación con la presente disposición, procedan a la verificación del cumplimiento de plazos de la medida cautelar personal de detención preventiva en todos los procesos que tuvieran en su contra los ciudadanos: Jeanine Añez, Luis Fernando Camacho y Marco Pumari”, señala el instructivo emitido este viernes.

Asimismo, el TSJ señala que los jueces que ejercen control jurisdiccional deben dar cumplimiento al instructivo así sea actuando de oficio.

La resolución, finalmente, expone como argumento el cumplimiento de lo establecido en el artículo 3, numerales 2, 3, 4 y 12 y en marco de las atribuciones legales conferidas en el art. 40 numeral 4 de la Ley 025 (ley del Órgano Judicial), siendo una facultad privativa de la Presidencia del TSJ el “velar por la correcta y pronta administración de justicia en todos los Tribunales Departamentales y juzgados públicos del Estado Plurinacional”.