Organizaciones de víctimas de la masacre de Senkata denunciaron este martes un “manto de impunidad”, tras la decisión del Tribunal Cuarto de Sentencia de El Alto de anular obrados en el proceso ordinario contra Jeanine Áñez y otros acusados y dispusiera que la expresidenta debe ser procesada mediante juicio de responsabilidades por los hechos ocurridos en noviembre de 2019.

La resolución, que instruye remitir el caso a la Fiscalía General del Estado para su posible tratamiento como juicio de responsabilidades, generó un profundo rechazo entre los familiares de las víctimas, que anunciaron una nueva denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La decisión judicial se dio días después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) instruyera a los tribunales departamentales de justicia revisar los plazos de la detención preventiva en todos los casos que se siguen contra Jeanine Áñez, el gobernador electo de Santa Cruz, Fernando Camacho, y el exlíder cívico de Potosí, Marco Pumari.

“El TSJ ha atentado contra las víctimas, dejando en impunidad las muertes, la masacre que ya ha sido confirmada por la CIDH. El juez ha firmado ese fallo con sangre, con la sangre de nuestros hijos. Él, su firma, y su conciencia, están manchadas para siempre”, expresó la representante de las víctimas, Gloria Quisbert.

Quisbert afirmó que la determinación judicial es una afrenta directa a los derechos humanos y a la memoria de los fallecidos.

“Él (presidente del Tribunal Supremo de Justicia Romer Saucedo) con sangre ha firmado ese instructivo, porque esas personas quienes tenían que pagar por las muertes ahora las han dejado libre (…). Nos ha lastimado profundamente al anular este proceso. Áñez y los militares habían tenido más privilegios que las víctimas humildes y madres de pollera (…).Él (juez) más se ha bañado con sangre”, sentenció.

Quisbert señaló que la decisión judicial no solo reabre heridas, sino que confirma el abandono hacia los sectores más vulnerables del país.

“Nos han dejado nuevamente con un dolor más (…). No pertenecemos a ningún partido político. La justicia tiene que ser imparcial, quien tiene que pagar que pague, pero tiene que hacerse justicia. No vamos a cansarnos nosotros, estamos buscando otras vías y hemos denunciado a la CIDH lo que nos han hecho el día de ayer”, reveló.

Según el testimonio de Quisbert, las víctimas vivieron con angustia la audiencia en la que, asegura, se cambió el papel de victimarios por el de víctimas.

“Nos han dado otro puñal en la espalda. Han dejado en libertad a quienes deben pagar por las muertes”, afirmó.

Por su parte, el activista por los derechos humanos y también representante de las víctimas, David Inca, afirmó que la audiencia fue un ejemplo de revictimización.

“Los victimarios argumentaron ser víctimas y a las víctimas se las dejó en indefensión. La impunidad ganó con el respaldo del Tribunal Supremo de Justicia”, reprochó.