La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó este domingo que la “Ley de arraigo” impide que el presidente del Estado, Luis Arce, salga del país tras terminar su gestión, en noviembre próximo.

La autoridad afirmó que por la Ley no solo el Presidente, sino también el vicepresidente (David Choquehuanca, además de ministros, dejen el país al menos hasta febrero del 2026.

“El arraigo ya está vigente. Quienes terminan su gestión no pueden viajar hasta tres meses después”, afirmó, según declaraciones publicadas por el portal Brújula Digital.

La Ministra, asimismo, recordó que el propio Jefe de Estado ya manifestó que se quedará en el país tras su gestión, ya que no tiene motivos para abandonar el Estado.

Precisamente en una conferencia de prensa el 21 de agosto, Arce descartó que vaya a irse del país una vez concluida su gestión, en noviembre próximo, y aseguró que volverá a dar clases en la universidad.

“¿Por qué me tendría que ir? ¿he robado?, ¿he matado?, ¿he abusado de menores? (…) ¿Por qué tendría que irme?”, cuestionó Arce en conferencia de prensa.

El Jefe de Estado, así, hizo clara alusión al expresidente Evo Morales, quien tiene una orden de aprehensión e imputación formal en su contra acusado por el delito de trata y tráfico de personas por haber mantenido una relación y haber embarazado a una joven menor de edad años atrás.

Arce, en esa línea, afirmó que después de la presidencia volverá a dar clases de economía en la universidad.

“Aquí está mi familia, mi fuente de ingresos que es la universidad, voy a retornar a la universidad”, señaló.

Eso sí, Arce adelantó que en octubre próximo viajará a Brasil para su revisión médica de rutina por el cáncer que superó el 2018.

“Les adelanto, en octubre tengo que ir a Brasil a mi revisión médica, les adelanto para que no crean que estoy huyendo”, aseveró.

La norma de arraigo fue aprobada en agosto de 2020 y busca garantizar la rendición de cuentas de las autoridades que concluyen sus mandatos, con el fin de precautelar los intereses del Estado. En caso de incumplimiento, los responsables pueden enfrentar procesos penales.