Magistrados y consejeros del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Tribunal Agroambiental (TA) y del Consejo de la Mgagistratura cerraron filas en respaldo al presidente del TSJ, Romer Saucedo, y la denuncia penal que presentó en contra de los magistrados “autoprorrogados” del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

“El Órgano Electoral es el encargado de administrar las elecciones, no es el Tribunal Constitucional Plurinacional”, señaló la decana del TSJ, Rosmery Ruiz.

En ese sentido, Ruiz descartó que con las acciones en contra de los magistrados prorrogados del TCP se ponga en riesgo la segunda vuelta electoral, prevista para el próximo 19 de octubre.

“Queremos decir al pueblo de Bolivia que no se han puesto en riesgo las elecciones de segunda vuelta”, recalcó.

Además, también negó que se busque “descabezar” al TCP ya que, aseguró, esa instancia tiene magistrados que ya fueron elegidos en las últimas elecciones judiciales y ellos pueden llevar adelante el trabajo hasta que se elija a los nuevos postulantes en nuevos comicios.

“Tampoco se está descabezando a un ente como el Tribunal Constitucional, por cuanto existen cuatro magistrados que pueden administrar justicia constitucional”, enfatizó Ruiz.

Ayer, el Presidente del TSJ presentó una denuncia en contra de los magistrados Gonzalo Hurtado, René Espada, Karem Gallardo, Isidora Jiménez y Julia Cornejo,  prorrogados en el TCP, por los delitos de usurpación de funciones y resoluciones contrarias a la Constitución y a las leyes debido a que se mantienen en sus cargos a pesar de que su mandato feneció en diciembre de 2023.

En ese sentido, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, aclaró que las acciones de Saucedo contra los “autoprorrogados” no obedecen a una posición personal, sino institucional.

Por eso, Baptista adelantó que el caso seguirá su curso a menos que los magistrados del TCP renuncien a sus cargos. Además, garantizó la seguridad del juez que dirime la denuncia.

Finalmente, el presidente del Tribunal Agroambiental, Cristian Méndez, explicó que la “autoprórroga” de esos cinco magistrados “constituye un quiebre del sistema constitucional y el desconocimiento de la soberanía democrática”.

“Nos encontramos sumidos como Bolivia en una crisis económica, una crisis institucional y, por qué no decirlo, una crisis moral. Es momento de reencauzar y garantizar la seguridad jurídica, el debido proceso a la población boliviana”, dijo.

Entretanto, ayer, martes, los magistrados denunciados advirtieron que con esas acciones se busca descabezar al TCP con el afán de generar incertidumbre respecto al proceso electoral y perjudicar el balotaje del 19 de octubre.

“Actualmente hay acciones concretas, tanto de ciertos legisladores como del Órgano Judicial que, procurando el descabezamiento de este Tribunal Constitucional, buscan generar incertidumbre sobre la transparencia y la continuidad actual del proceso electoral y con ello amenazar la democracia y la segunda vuelta electoral”, denunció el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado.

// Con información de Erbol y Correo del Sur