A través de una carta de respuesta remitida a la senadora Simona Quispe, la Contraloría General del Estado recordó que por la Ley 1352 “algunas” autoridades salientes deben permanecer en el país al menos 3 meses después de dejar sus cargos.

“La Ley Nº 1352 establece la obligación de permanencia en el territorio nacional por tres meses para determinadas autoridades que cesen en sus funciones, disponiendo que la Contraloría General del Estado debe remitir dicha información a la Dirección General de Migración”, señala la misiva enviada el pasado 2 de octubre.

La Contraloría, en ese sentido, señala que toma conocimiento del cese de funciones únicamente a través de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas presentada con el motivo de “después del ejercicio del cargo” o “asumir el nuevo cargo y concluir el anterior”.

No obstante, afirmó que remitirá a la Dirección de Migración la lista de autoridades que fue enviada por la senadora Quispe, entre ellos el presidente del Estado Luis Arce, que dejará el poder el próximo 8 de noviembre.

Asimismo, la Contraloría aclaró a la senadoras que una vez que sea de conocimiento público el cese de funciones de las autoridades nacionales podrá solicitar directamente a Migración el cumplimiento del arraigo de 3 meses establecido por la Ley.

Ya el pasado 21 de septiembre, ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó este domingo que la “Ley de arraigo” impide que el presidente del Estado, Luis Arce, salga del país tras terminar su gestión, en noviembre próximo.

La autoridad afirmó que por la Ley no solo el Presidente, sino también el vicepresidente (David Choquehuanca), además de ministros, dejen el país al menos hasta febrero del 2026.

“El arraigo ya está vigente. Quienes terminan su gestión no pueden viajar hasta tres meses después”, afirmó, según declaraciones publicadas por el portal Brújula Digital.

La Ministra, asimismo, recordó que el propio Jefe de Estado ya manifestó que se quedará en el país tras su gestión, ya que no tiene motivos para abandonar el Estado.