Desde Migración se informó este martes que no hay arraigo ni una alerta migratoria en contra del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, quien tiene una orden de aprehensión en su contra acusado del delito de “contrabando de exportación agravado” de combustible, con un daño económico de 14 millones de dólares.

“El Ministerio Público y el poder judicial no han hecho el requerimiento de arraigo o alerta, no tenemos información de esa situación”, afirmó Felipe Oliva, director de Migración Santa Cruz.

Oliva, no obstante, aseguró que Dorgathen sigue en territorio boliviano.

“El ciudadano Dorgathen se encuentra en territorio nacional. No tenemos información de una salida efectiva que haya hecho dentro de una frontera o puerto aereopuertario dentro del departamento de Santa Cruz”, afirmó.

Ayer, El ministro de Gobierno, Roberto Ríos, informó que la Policía aún desconoce el paradero del presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos.

“Hemos recibido los reportes esta mañana que la policía está realizando las labores investigativas; sin embargo, hasta este momento no se conoce el paradero de esta persona”, aseveró el Ministro en contacto con la prensa.

La autoridad gubernamental, no obstante, aseguró que la Policía dará cumplimiento a todas las órdenes de aprehensión emitidas por la autoridad competente.

“La Policía Boliviana tiene que dar cumplimiento estricto a las órdenes de aprehensión que sean emitidas por la autoridad competente, por lo cual se ha dispuesto que a través de las instancias investigativas correspondientes puedan dar con el paradero y posterior aprehensión de esta persona, el presidente de YPFB, para que éste pueda ser puesto ante la justicia y en esta instancia pueda responder por los presuntos delitos por los que está siendo investigado”, aseveró.

El pasado jueves se conoció que la Fiscalía de Tarija emitió una orden de aprehensión en contra del Presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos acusado de “contrabando de exportación agravado” de combustible, con un daño económico de 14 millones de dólares.

Según la orden de prehensión, la denuncia fue presentada por Rodrigo Acuña Sánchez, quien es identificado como administrador de  la Aduana Nacional en la Frontera  de Yacuiba y la orden de aprehensión fue emitida por el fiscal Yeison Américo Plata Maldonado.

Al respecto, el fiscal general del Estado, Roger Mariaca, aseveró que la orden de aprehensión está fundamentada como marca la constitución y las leyes y pidió a la Policía boliviana ejecutarla.

Entretanto, la ministra de la Presidencia, María Nela Parada, defendió la inocencia de Dorgathen y afirmó que no co0metió contrabando ni generó daño económico al Estado. Aseguró que las operaciones observadas corresponden a exportaciones de gas debidamente autorizadas por normativa vigente.

La defensa de YPFB, Aduana y ANH

Desde YPFB, la Aduana Nacional y la Agencia Nacional de Hidrocarburos se defendió la inocencia de Dorgathen y se aseguró que las exportaciones de gas natural se realizaron conforme a la normativa vigente

Por una parte, desde Aduana señalaron que la denuncia fue hecha por exfuncionarios de la institución, quienes habrían sido destituidos horas antes de presentar la denuncia contra Dorgathen.

En conferencia de prensa, la presidenta ejecutiva de la Aduana Nacional, Karina Liliana Serrudo Miranda, aclaró que la denuncia fue realizada sin autorización institucional.

Serrudo aseguró que los exfuncionarios "actuaron a nombre de la Aduana Nacional cuando ya no formaban parte de la institución" y presumió que lo hicieron como un acto de venganza tras ser alejados de sus funciones.

“Nos sorprendió que la denuncia fuera presentada el mismo día en que los funcionarios fueron desvinculados de la institución. Usaron el logo y sellos oficiales sin autorización, lo que constituye usurpación de funciones. La Aduana se querellará contra ellos”, anunció Serrudo.

Por su parte, el gerente de Contratos de Exportación de Gas de YPFB, Óscar Claros, afirmó que las operaciones de exportación a Argentina y Brasil se desarrollan bajo control aduanero, fiscalización de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y en cumplimiento de la Ley 3058 de Hidrocarburos.

“Todas nuestras exportaciones son legales. No existe contrabando ni daño económico alguno. Por la operación observada, YPFB recibió 14 millones de dólares facturados, depositados en las cuentas oficiales del Banco Central de Bolivia”, sostuvo Claros.

Serrudo, en la misma línea, aclaró que el Decreto Supremo 28174 exime expresamente a las exportaciones de gas destinadas a Brasil y Argentina de requerir permisos adicionales, lo que confirma la legalidad de la operación.

Lo expresado también fue confirmado por Joel Callaú, director ejecutivo de la ANH, quien además recordó que esta institución es la única encargada de emitir las autorizaciones respectivas para la exportación de hidrocarburos.

“La ANH regula y fiscaliza toda la cadena de hidrocarburos. En este caso, las exportaciones de gas a esos dos países se encuentran debidamente autorizadas y cumplen con todos los requisitos legales”, aclaró.