La Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó este viernes, en la última sesión del periodo 2020-2025, la Ley de Diferimiento de Crédito, conforme al texto propuesto por la Cámara de Diputados.

La norma permitirá que 1.400.000 prestatarios puedan optar por un diferimiento de hasta seis meses en el pago de sus créditos bancarios.

En medio de un cruce de acusaciones, arcistas y evistas votaron juntos para aprobar la ley en el pleno del Legislativo, rechazando las modificaciones introducidas por la Cámara de Senadores, que había planteado sustituir el diferimiento por un “periodo de gracia”, una medida que —según el Gobierno— habría reducido la cantidad de beneficiarios.

Tras la votación, el presidente nato de la Asamblea, David Choquehuanca, dio por sancionada la norma y la remitió al Órgano Ejecutivo para su promulgación.

La ley llegó al pleno luego de que el Senado incluyera enmiendas en el texto original, las cuales fueron descartadas por la cámara de origen.

Desde la oposición, varios legisladores advirtieron que la medida podría generar riesgos en el sistema financiero. En ese sentido, propusieron que su aplicación se limite a prestatarios en mora.

El oficialismo rechazó esas observaciones y defendió la medida como un alivio financiero para los prestatarios que están próximos a caer en mora.

Choquehuanca aclaró que para este tipo de normas se requiere mayoría simple, no calificada. En una segunda votación, el resultado superó los dos tercios de respaldo, lo que provocó molestia en los legisladores opositores que rechazaron la norma.

Con la aprobación de esta ley, la Asamblea Legislativa concluyó oficialmente su gestión 2020-2025.

Según información oficial, la ley introduce un mecanismo excepcional que suspende temporalmente los embargos y difiere créditos por un periodo de seis meses, lo que permitirá a la población reorganizar sus finanzas sin la amenaza de perder sus hogares o cerrar sus negocios.

Se propuso esta medida debido a que un amplio sector de la población, especialmente microempresarios, pequeños empresarios y autónomos, enfrenta dificultades para cumplir con sus obligaciones crediticias a causa de fenómenos climáticos adversos, conflictos sociales y la compleja situación económica. Además, se busca prevenir la pérdida de viviendas o el cierre de pequeños negocios por deudas no pagadas.

El diferimiento no equivale a una condonación de la deuda, sino a una reprogramación temporal de las cuotas, lo que garantiza que los deudores continuarán con sus pagos una vez finalizado el periodo de suspensión. Así, la deuda no desaparece, sino que se pospone de manera accesible.

Asimismo, la ley también busca asegurar la estabilidad del sistema financiero al evitar un aumento en las ejecuciones judiciales que podrían afectar aún más la economía.