Evo Morales, a través de su cuenta oficial en la red social ‘X’, pidió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) demostrar su “imparcialidad” y garantizarle el debido proceso y la presunción de inocencia en el caso que se sigue en su contra por el delito de trata y tráfico de personas con agravante; no obstante, desde el Gobierno se recalcó que la orden de aprehensión que existe en contra del dirigente cocalero continúa vigente.

Morales, en ese sentido, asegura que “no busca impunidad” y se declara víctima de “una brutal persecución política, guerra judicial, proscripción electoral, difamación e insultos cargados de violencia, racismo y odio”.

“Los que me acusan no tienen pruebas pero cuentan con un consorcio de jueces y fiscales que ya redactaron mi condena por razones políticas y por su desprecio a los indígenas. El TSJ, si quiere demostrar imparcialidad y justicia, debe garantizar, para todos los bolivianos, el debido proceso y la presunción de inocencia, tal como ordena nuestra Constitución”, señaló.

Ayer, miércoles, Morales reveló que fue invitado, en su condición de expresidente, al acto de posesión del mandatario electo Rodrigo Paz, el próximo sábado 8 de noviembre en La Paz.

No obstante, condicionó su asistencia a que se levante el proceso judicial que se sigue en su contra y se levanten las medidas impuestas en su contra, tales como la orden de aprehensión, el arraigo, entre otras.

“Como expresidente de Bolivia he sido invitado a la asunción de los nuevos mandatarios a realizarse en La Paz este sábado 8 de noviembre. Les deseo éxito para el bien de los bolivianos. Sin embargo, pido garantías para poder concurrir a dicho evento levantando el proceso judicial en mi contra y anulando las medidas ilegales que buscan mi detención por un caso inventado”, señaló Morales.

En esa misma línea, Morales exigió al Tribunal Supremo Justicia (TSJ) ordenar el cierre de los procesos que se siguen en su contra en la vía ordinaria, tal y como lo hizo, dijo, con los “autores del golpe del 2019”, en referencia a los hechos que derivaron en su renuncia a la presidencia en medio de acusaciones de fraude electoral y movilizaciones cívicas.

“Por principios de justicia y legalidad, el Tribunal Supremo de Justicia -tal como benefició a los autores del golpe de 2019- debe ordenar, de inmediato, el cierre de los procesos que me abrieron por razones de persecución y proscripción”, agregó.

La orden de aprehensión sigue vigente

No obstante, el ministro de gobierno, Roberto Ríos, aclaró en las últimas horas que la orden de aprehensión contra Morales continúa vigente y será ejecutado cuando “haya las condiciones”.

“Como ustedes bien conocen, en su contra pesa una orden de aprehensión, la cual como lo habíamos manifestado, el momento que se dé la oportunidad, o haya las condiciones, la Policía va a dar cumplimiento a la misma”, informó.

La autoridad, en ese sentido, aseveró que corresponde que la Policía Boliviana dar cumplimiento a la orden de aprehensión en contra del dirigente cocalero.

“Respecto a si solicita o no que le levanten la orden, seguramente lo hará a partir de sus abogados, lo que corresponde al trabajo policial es dar cumplimiento a las resoluciones emitidas por la autoridad competente”, añadió.