Interpol ejecuta control puestos fronterizos y aeropuertos para garantizar permanencia de exautoridades en el país
La Ley 1352, promulgada el 14 de octubre de 2020, establece que presidente, vicepresidente y ministros, así como funcionarios de entidades territoriales autónomas, deben permanecer en Bolivia durante 90 días después de finalizar su mandato o ser destituidas, con el objetivo de asegurar la rendición de cuentas y evitar la impunidad.

El director nacional de Interpol Bolivia, coronel Juan Carlos Bazoalto, informó que la institución está resguardando 31 puntos fronterizos y los principales aeropuertos internacionales del país para garantizar el cumplimiento de la Ley 1352 de Permanencia Obligatoria en Territorio Nacional, conocida como la “ley de arraigo” para exautoridades.
“Como Interpol, coordinamos con el Servicio Nacional de Migración para realizar el control en nuestros 31 puestos fronterizos y principales aeropuertos internacionales, dando estricto cumplimiento a la ley vigente”, señaló Bazoalto, en entrevista con Red Uno.
La Ley 1352, promulgada el 14 de octubre de 2020, establece que presidente, vicepresidente y ministros, así como funcionarios de entidades territoriales autónomas, deben permanecer en Bolivia durante 90 días después de finalizar su mandato o ser destituidas, con el objetivo de asegurar la rendición de cuentas y evitar la impunidad.
El oficial explicó que ya se emitió un memorándum circular para que todo el personal esté alerta y cumpla con la normativa.
Además, precisó que la Contraloría General del Estado debe proporcionar una lista oficial y detallada de las autoridades salientes, con su respectiva identificación, para que el Servicio de Migración pueda ingresarla al sistema y activar alertas automáticas en caso de intento de salida del país.
“Cualquier salida no autorizada será reportada de inmediato al Ministerio Público y a las autoridades policiales correspondientes, ya que podría implicar responsabilidades penales”, advirtió Bazoalto.
Con esta determinación se pretende asegurar que las exautoridades cumplan con la permanencia obligatoria y garantizar la transparencia en la gestión pública.
