Ante el rechazo a la dispensación de trámite para el análisis inmediato de la ley para la convocatoria las elecciones subnacionales previstas para marzo del siguiente año, la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados remitió el proyecto al Comité de Democracia y Sistema Electoral.

“Se ha planteado la dispensación de trámite, no se ha aprobado esa dispensación, entonces por reglamento tenemos que remitir al comité respectivo. Vamos a pedir al comité que a la mayor brevedad haga el informe, y recabado el informe vamos a convocar inmediatamente a la comisión para el tratamiento expedito”, dijo Juan del Granado, presidente de esta comisión.

El proyecto de “Ley de régimen excepcional y transitorio para la realización de elección de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales”, enviado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), fue aprobado la anterior semana en la Cámara de Senadores, que anuló el plazo de 60 días antes de la convocatoria para la concreción de alianzas por parte de las tiendas políticas.

Sin embargo, el documento no obtuvo el mismo resultado en la sesión de la Cámara de Diputados del martes reciente, donde no se pudo autorizar la dispensación de trámite para su debate. Por ello, el presidente de esa instancia, Roberto Castro, definió el envió de la norma a la Comisión de Constitución y declaró un cuarto intermedio hasta el mediodía de este miércoles.

En la comisión tampoco hubo humo blanco para la dispensación de trámite, por lo cual se suspendió la sesión y se remitió la ley al comité respectivo. Del Granado expresó su esperanza de que ello no ponga en riesgo a los comicios, ya que el plazo brindado por el TSE para la sanción de la norma fenece este miércoles 19, con miras a realizar las elecciones el 22 de marzo de 2026.

Mientras tanto, mediante un comunicado, la Cámara de Diputados anunció la reinstalación de la sesión en cuarto intermedio del martes, para las 15:00 de este miércoles, y así recibir el informe de la Comisión de Constitución.

En las últimas horas, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, denunció que en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) “metieron la mano y el dedo” a la Ley de las Elecciones Subnacionales con el objetivo de evitar la participación de nuevos partidos y agrupaciones políticas.

La autoridad electoral afirmó que la Asamblea “quiere jugar con la democracia” y enfatizó que las modificaciones realizadas a la norma impedirá la participación de nuevos partidos y agrupaciones políticas, entre ellas de la Alianza Libre cuya bancada es minoritaria en la actual ALP.

“Como Tahuichi me mantengo en el principio democrático y plural que los partidos políticos nuevos, así hayan obtenido (su personería) un día antes de la convocatoria, deben participar en esta contienda subnacional 2026”, aseveró el Vocal.

Compuesta por cinco artículos y tres disposiciones finales, la norma regulará las elecciones subnacionales de marzo de 2026 en los departamentos que carecen de estatutos, en municipios que no tienen cartas orgánicas y en las autonomías indígenas que no poseen estatutos. El TSE ya alertó que la Ley debe ser aprobada hasta este 19 de noviembre para garantizar que los comicios se desarrollen hasta el 22 de marzo de 2026.

El origen del conflicto en Diputados radica en el parágrafo 3 del numeral tercero del artículo 13 de la Ley 1096, que exige que partidos políticos y agrupaciones ciudadanas concluyan su trámite de constitución y reconocimiento al menos 90 días antes de la convocatoria a las elecciones subnacionales. Cumplido ese plazo, las organizaciones que aún se encuentran en proceso, entre ellas la alianza Libre, quedarían impedidas de participar en los próximos comicios.

La alianza Libre exige que se retome la primera propuesta de ley presentada en Diputados, la cual planteaba una excepción temporal a este requisito, permitiendo que agrupaciones en trámite puedan habilitarse para la contienda electoral. En contraste, el Partido Demócrata Cristiano (PDC) sostiene que debe respetarse estrictamente el plazo vigente en la Ley 1096, argumentando que cualquier excepción vulneraría el marco legal electoral.