La Defensoría del Pueblo expresó su preocupación respecto a la decisión del presidente del Estado, Rodrigo Paz, respecto a cerrar el Ministerio de Justicia y pidió a las autoridades dar certidumbre respecto a la nueva organización y estructura institucional.

“Este anuncio genera profunda preocupación en sectores de la población, especialmente en aquellos que podrían quedar sin una entidad rectora para la formulación de políticas públicas, la coordinación interinstitucional y la provisión de servicios esenciales para el ejercicio de sus derechos humanos”, señaló la Defensoría a través de un comunicado.

La entidad defensorial, en ese sentido, recordó que el Ministerio de Justicia tiene bajo su tuición “reparticiones e instituciones que cumplen funciones estratégicas para el Estado y para la protección de poblaciones en situación de vulnerabilidad, incluyendo niñas, niños y adolescentes; mujeres; personas adultas mayores; jóvenes; personas con discapacidad; así como aquellas afectadas por violencia en razón de género y generacional”.

Estas instancias, señaló, “constituyen pilares fundamentales para el cumplimiento de los mandatos constitucionales y de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos asumidos por el Estado boliviano”. 

Por ejemplo, la Defensoría señaló que el Ministerio tiene bajo su tuición el Comité Nacional de la Persona con Discapacidad (CONALPEDIS), Servicio Plurinacional de Defensa Pública – SEPDEP, Servicio Plurinacional de Asistencia a la Víctima (SEPDAVI), Servicio Integral de Justicia Plurinacional (SIJPLU) y otras que brindan asistencia jurídica, psicológica y social gratuita a personas de recursos limitados o de poblaciones en situación de vulnerabilidad, “de las cuales, varias fueron creadas por las leyes N° 223, 463, 464, entre otras”.

Asimismo, indicó que “preocupa la presidencia y secretarías técnicas” que se encontraban a cargo del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, como el Consejo Plurinacional contra la Trata y Tráfico de Personas, Consejo de Coordinación Sectorial por una Vejez Digna, Consejo de Coordinación Sectorial e Intersectorial para temas de la niña, niño y adolescente, entre otros, “que permitían un trabajo interinstitucional, articulado y multiactor para la promoción, ejecución y evaluación de políticas públicas vinculados con el desarrollo integral de las personas y sus derechos humanos, con base a compromisos internacionales asumidos por el Estado boliviano”.

“Por lo señalado, la Defensoría del Pueblo expresa su preocupación sobre el destino de todas estas importantes reparticiones para la ciudadanía en su conjunto y poblaciones en situación de vulnerabilidad, por lo que exhorta a las autoridades del Órgano Ejecutivo brinden certidumbre respecto a la nueva organización y estructura institucional que asumiría la tuición y administración de las mismas”, concluye el comunicado.

La tarde de este jueves, tras la polémica surgida con el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, el presidente del Estado, Rodrigo Paz, anunció su decisión de cerrar el Ministerio de Justicia.

“El Ministerio de Justicia ha muerto y lo vamos a enterrar bien enterrado, para que no vuelva el terrorismo de Estado a perseguir a los bolivianos y bolivianas”, dijo Paz en conferencia de prensa.

El Jefe de Estado, en ese sentido, aseveró que “se acabó el Ministerio de la persecución, de la injusticia, de vender sentencias, se acabó el Ministerio para chantajear a la sociedad desde el poder político”.

La decisión del Jefe de Estado llega en medio de una polémica con el vicepresidente del Estado, Edmand Lara, respecto a quien debía ocupar el cargo de Ministro de Justicia.

Y es que Freddy Vidovic, el ministro sugerido por Lara, fue apartado del cargo este jueves después de que se confirmara que tiene una sentencia ejecutoriada en su contra por 3 años de cárcel, lo que le impediría ocupar cargos públicos.

En su reemplazo fue posesionado, la mañana de este jueves y mediante Decreto, Jorge García Pinto; sin embargo, poco después del vicepresidente Lara acusó a la flamente autoridad de tener un gran número de procesos penales en su contra.

Según Lara, García tendría procesos penales abiertos por los delitos de violación, concusión, lesiones graves y leves, por homicidio y lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito, por incumplimiento de deberes, por allanamiento de domicilio y sus dependencias, por avasallamiento, por violencia familiar o doméstica, y por defraudación con pretexto de remuneración a funcionarios púbicos.

En consecuencia, el Vicepresidente exigió al presidente Paz el cambio de Ministro de Justicia por una persona “transparente e idónea”.