Rubén Ríos, dirigente de la Confederación Nacional de Panificadores de Bolivia (Conapabol), permanece en celdas judiciales de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) a espera de su segunda audiencia cautelar, que se llevará a cabo este jueves.

Ayer, miércoles, en su primera audiencia, en el marco de presuntas irregularidades con la harina subvencionada que recibió por parte de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Ríos recibió detención domiciliaria sin permiso de salidas laborales, una fianza de Bs 60.000, arraigo y la obligación de presentarse una vez al mes ante la Fiscalía.

Empero, este martes volverá a comparecer ante un juez por un segundo proceso iniciado en su contra por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y uso indebido de influencias.

Según los antecedentes del caso, Ríos suscribió con Emapa un contrato administrativo de prestación de servicios de arrendamiento de su almacén por Bs 19.200 mensuales, por lo que en 10 meses recibió aproximadamente  Bs 192.000.

Posteriormente, el dirigente también se habría beneficiado de otro contrato de prestación de servicios de transporte para el traslado de harina de trigo desde Caracollo hacia Oruro por Bs 299.997,50.

Con los contratos, según la autoridad jurisdiccional, se causó un daño económico al Estado. La suma específica se establecerá en la etapa investigativa.

Sobre el caso, el  viceministro de Comercio y Logística Interna, Gustavo Serrano, explicó la mañana de este lunes que la subvención fue mal utilizada por “clanes mafiosos” que se beneficiaban con esta medida que debía coadyuvar en garantizar la fabricación, sobre todo, del pan de batalla, y su comercialización a un precio justo.

“Se han beneficiado unos cuántos con el bolsillo de los bolivianos”, aseveró.

La autoridad, en ese sentido, detalló, en distintas entrevistas televisivas, que el esquema de corrupción consistía en que personas allegadas a los subvencionados – entre ellos Ríos- importaban harina a un precio elevado y luego la vendían a Emapa, que luego la entregaba a los panificadores a un precio más bajo, y la diferencia era cubierta por el Estado.

También señaló que se detectó casos de panificadores que “no existen”, pero que figuran en la lista de los beneficiarios de harina, que ahora son los señalados de los supuestos “negociados”.

Asimismo, detalló que entre los indicios hallados figuran “la venta de harina de Emapa con beneficios de la harina subvencionada, contratos de arrendamiento de inmuebles a nombre de Emapa y contratos de prestación de servicios de logística”. Estas maniobras, según la autoridad, generaron un daño económico significativo al Estado.