La expresidente de Bolivia, Jeanine Añez, en entrevista con CNN, se refirió los hechos ocurridos el 2019 durante su Gobierno, particularmente las intervenciones policiales y militares en Sacaba y Sebkata, mismas que fueron calificados como “masacres” por miembros del Movimiento al Socialismo (MAS) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Yo no soy responsable de esas muertes. Mi Gobierno no es el responsable porque no fuimos nosotros los que provocamos esa situación de violencia”, dijo Áñez.

Después de que se proclamara presidente del Estado, alegando una transición constitucional y en su función de segunda vicepresidenta del Senado, seguidores de Evo Morales – quien se vio forzado a renunciar a la presidencia en medio de denuncias de fraude, movilizaciones cívicas y perder el apoyo de la Policía y las FFAA- iniciaron una serie de marchas y movilizaciones violentas, particularmente en La Paz, El Alto y Cochabamba.

En medio de ese clima de violencia, Añez ordenó el despliegue militar y policial, produciéndose dos hechos violentos. Uno en Senkata, lugar en el que los seguidores de Morales amenazaban con hacer explotar la planta de gas, y otra en Sacaba, departamento de Cochabamba.

Añez, en ese sentido, señaló que en ese momento se le advirtió que si se hacía explotar la planta de Senkata el daño iba a ser “inimaginable”.

“Ver bolivianos morir fue algo muy duro para mí, fue algo que nunca hubiésemos querido que suceda, pero el momento nos hizo tomar una decisión, porque la Policía pedía auxilio (…) Eso no lo provocamos, por eso sostengo que Evo Morales es irresponsable e inmisericorde cuando se trata de conservar el poder”, expresó Añez.

Tanto en los hechos de Sacaba como de Senkata, hubo más de 30 personas, más de 800 resultaron heridas y al menos 360 fueron detenidas, según la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Jeanine Añez estuvo detenida desde 2020 hasta finales de octubre de 2025 por el caso ‘Golpe de Estado’ relacionado a la crisis del 2029 y otras denuncias vinculadas a su Gobierno.

Empero, recuperó su libertad después de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), primero, ordenara a los tribunales departamentales revisar la detención preventiva en todos los casos que se siguen en contra de la expresidenta y también revirtiera la sentencia de 10 años de cárcel que había en su contra por el caso ‘Golpe de Estado II’.