El fiscal Omar Yujra, quien lleva adelante las investigaciones del ‘caso Botrading’, negó que el expresidente de Yacimientos Petrolìferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, haya recibido refugio político en Brasil.

“Por el momento estamos entrando a especulaciones”, aseveró Yujra en contacto con radio Fides.

En ese sentido, señaló que la Fiscalía aún espera la confirmación de Interpol respecto a la activación del sello rojo en contra de Dorgathen.

“El Ministerio Público ha solicitado la activación del  sello rojo, estamos a la espera de que las instituciones confirmen que este sello se ha activado”, acotó.

Finalmente, informó que la investigación por el caso Botrading se amplió a nuevas cinco personas, por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.

El pasado miércoles, Dorgathen fue declarado en rebeldía después de que no asistiera a su audiencia de medidas cautelares.

Precisamente en la audiencia se dio a conocer un memorial presentado por Dorgathen en el que buscaba justificar su ausencia señalando que se encuentra en Brasil en calidad de refugiado. Sin embargo, la autoridad jurisdiccional rechazó no tomar en cuenta el argumento ya que no se anexó un aval de documentación de la Cancillería que verifique el estatus del expresidente de YPFB, según reveló el abogado acusador, Kurmi Rocha.

En ese sentido, se conoció que el juez ordenó la detención preventiva de Dorgathen por el lapso de cuatro meses en el Penal de San Pedro

Según se conoció, la Fiscalía argumentó que el daño económico al estado por 12 contratos entre YPFB y Botrading ascendería a los 857 millones de dólares.

El pasado 7 de enero, Dorgathen fue visto en Brasil por ciudadanos bolivianos que se encontraban en la región de Camboriú, quienes lo increparon con gritos de “ladrón” y “pícaro”.

Dorgathen es acusado por los delitos de uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica dentro del ‘caso ‘Brotading’, empresa subsidaria creada en Paraguay durante su presidencia en YPFB con el supuesto objetivo de optimizar la importación de combustibles y reducir costos.

Sin embargo, en medio de su funcionamiento surgieron denuncias de un presunto sobreprecio en la importación de combustibles, además de otras supuestas irregularidades, que fueron comprobadas por una comisión de Diputados.

Además, también tiene una denuncia en su contra por presunto contrabando de combustible.