Política

La Sala Constitucional Primera de La Paz denegó el sábado la Acción Popular presentada por Alcaldía de La Paz con la que se quería obligar a las instituciones subnacionales y al Ministerio de Salud garantizar la vacunación obligatoria.

“Parece que ahí existe un error significativo. En nuestra reunión con el canciller Ruso (Serguéi Lavrov), no establecimos ningún acuerdo sobre el litio”, dijo el jefe de la diplomacia bolivian.

El Ministerio de Salud y Deportes informó también que hasta este sábado se aplicó 7.465.334 dosis entre la primera, segunda y la tercera dosis de las vacunas Sputnik V, AstraZeneca, Sinopharm, Pfizer, además de la unidosis me Janssen en todo el territorio nacional.

La marcha partió hace tres días desde el municipio de Caracollo, departamento de Oruro y al momento ya se encuentran en la localidad de Calamarca. Después de haber caminado más de 52 kilómetros, se registró dos bajas debido a que algunos marchistas presentaron heridas por el esfuerzo realizado.

La audiencia de la Acción Popular se instaló a las 09:00 de este sábado y en ella el Gobierno Municipal de La Paz planteó a la Sala Constitucional Primera que ordene la vacunación obligatoria contra la Covid-19 en Bolivia o que las personas presenten un certificado de vacunación para trámites para acceder en instituciones públicas y privadas.

“Estas vacunas van a ser utilizadas para menores de 18 años, convirtiéndonos en uno de los primeros países de la región que logra este objetivo", afirmó el  viceministro de Comercio Exterior, benjamín Blanco.

Una delegación de las víctimas de Senkata y Sacaba estará aproximadamente a las 13.30 en la Casa Grande del Pueblo para entregar el “Pliego Petitorio Consensuado” al presidente.

"La crisis afectó particularmente el ingreso de los grupos más pobres y vulnerables, que dependen de sus actividades laborales, en gran parte informales, para sustentar su consumo. El proyecto busca beneficiar a alrededor de 458.000 personas del programa Renta Dignidad y a aproximadamente 1,7 millones de personas que recibieron pagos del Bono Contra el Hambre", señaló el BID.

La Fiscalía pidió la detención preventiva de Lima en la cárcel de Obrajes por los delitos de prevaricato y e incumplimiento de deberes. No obstante, el juez consideró que la imputada demostró que tiene domicilio y familia, pero además correría riesgo de ser encarcelada por su condición de mujer y de jueza que pudo haber ordenado la reclusión de otras personas.     

La autoridad gubernamental explicó que la conclusión fue lograda con un proceso de revisión y análisis de las 34.555 actas del proceso electoral, que fue denominado “Acta por acta: Democracia y verdad”, que se realizó durante cinco días en la ciudad de El Alto del departamento de La Paz.