Política

En la audiencia virtual, la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB), Amparo Carvajal, se ofreció como garante para la libertad de Áñez. “Yo me ofrezco como garante y estoy dispuesta a dar mi vida por los derechos de los bolivianos”, dijo.

La moción presentada por la congresista derechista y conservadora Norma Yarrow, del grupo parlamentario Avanza País, no fue admitida a trámite al registrar 63 votos en contra, 45 a favor y 13 abstenciones.

La cifra de contagios de COVID-19 en el país fue de 738 casos este jueves; mientras que los pacientes recuperados de la enfermedad fueron 1.004. Los decesos llegaron a 20 y los casos descartados a 7.034 durante esta jornada.

"No vamos a entrar a un pacto de silencio, de intercambio de juicio de Morales por el de Áñez. No lo vamos a hacer", aseveró el Ministro de Justicia.

“Saludo el compromiso de la Asamblea Legislativa con la reforma de la justicia y lucha contra la corrupción como políticas de Estado. La recientemente aprobada Ley de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción sanciona penalmente la retardación y prevaricato de fiscales”, señaló el Ministro de Justicia

El Ministro de Salud pidió a políticos y autoridades subnacionales que eviten la ‘infodemia’ con cifras erróneas sobre la lucha contra el Covid-19.

“Mi solidaridad con la ex presidenta, mi solidaridad en este momento difícil porque cualquier preso no merece ser tratado así”, afirmó el Alcalde de La Paz.

El pronunciamiento fue realizado por la portavoz de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Liz Throssell. La ONU pidió que el documento sirva “para llevar adelante investigaciones independientes, promover la justicia y la reparación integral de las víctimas, esclarecer la verdad y prevenir nuevas violaciones de derechos humanos en Bolivia”.

Carolina Ribera estaba a cargo de la Unidad de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia durante el Gobierno de Añez.

El Ministerio de Seguridad, el de Justicia, y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que presentaron la primera denuncia, extendieron su acusación y pidieron la imputación del entonces canciller, Jorge Faurie, el jefe de gabinete, Marcos Peña, y el secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo.