Política

Bolivia había suspendido su participación en los tres organismos por decisión del Gobierno transitorio de Jeanine Añez.

Sabina Orellana es una mujer líder de la nación quechua e integrante orgánica de la Confederación "Bartolina Sisa", donde se desempeñó como técnica de la organización, al igual que lo hizo cuando fue parte de la Escuela de Gestión Pública Plurinacional.

Es la segunda orden de aprehensión en contra de Arturo Murillo. El exministro también es buscado por la policía por el presunto caso de corrupción en la compra de gases lacrimógenos.

Asimismo, según el reporte del Ministerio de Salud, los municipios en “riesgo medio” subieron de 225 a 227 en los últimos siete días. También hubo un incremento de los distritos colocados en “riesgo intermedio” (de 75 a 77).

Achacollo cumplía detención preventiva desde el pasado 18 de diciembre del 2019,  acusada por los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica. Empero fue beneficiada con la detención domiciliaria en julio de este año.

Según el Sedes, las medidas a tomar deben ser: control riguroso y periódico de los profesores y personal para asegurarse que no estén con COVID-19; las aulas deben ser abiertas y ventiladas; solo deben haber un aforo del 50%; los puntos de entrada y salida deben ser diferenciados;  los horarios deben ser bien definidos; y se debe decidir las medidas que se tomarán para el horario de recreo, además de evitar aglomeraciones.

“Personas desubicadas”, así respondió tras ser consultado respecto a la posición de algunos sectores – entre ellos un diputado del MAS- que solicitaron que Pary desista de su designación.

Incluso, Quispe ‘regañó’ a un periodista por usar barbijo y aseguró que en su comunidad no hubo ni un solo enfermo por el Covid-19.

"En la imputación formal contra el exdirector de Migración, la Fiscalía pide la medida cautelar de la privación de libertad en la cárcel de San Pedro para asegurar su presencia en el proceso por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y uso indebido de influencias", dijo el fiscal coordinador, Sergio Bustillos.

La autoridad realizó esas declaraciones debido a que el Ariel Méndez, abogado del exministro de Defensa del gobierno de facto de Áñez, Luis Fernando López, aseveó este jueves que su cliente no se presentará ante las instancias judiciales porque en Bolivia existe inseguridad jurídica.