La decisión fue asumida en una reunión en la que estuvieron el ministro de Hidrocarburos y Energías, Alejandro Gallardo, la dirigencia de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, presidida por su ejecutivo Lucio Gómez, y autoridades de la Agencia Nacional de Hidrocarburos y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB).