Política

La Fiscalía anunció que apelará esa decisión judicial ya que considera que Leyes puede perjudicar la investigación o hasta darse a la fuga.

Se establece un plazo de seis meses para el diferimiento de cuotas de pago por el consumo ya adeudado; sin embargo, las personas que tuvieron ingresos en la cuarentena deberán emepezar a pagar por los servicios.

Entre ellos, están el decreto para diferir por otros tres meses el pago de créditos para las personas que deben menos de 1 millón de bolivianos; el que levanta las restricciones de circulación; y el que posterga hasta el 31 de julio el pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE).

Según los datos del Ministerio de Salud, durante la presente jornada hubo 619 nuevos casos: 408 en Santa Cruz, 151 en Beni, 43 en Cochabamba,  8 en La Paz, 4 en Oruro, 3 en Tarija y 2 en Potosí.

El país encarará una nueva etapa de la 'cuarentena dinámica' a partir del lunes. El Gobierno pidió responsabilidad a la población para evitar un desborde del coronavirus.

Los fines de semana, las personas únicamente podrán salir entre las 6 de la mañana y las 14:00 de la tarde en bicicleta o a pie – se prohíbe el uso de vehículos privados o públicos los sábados y domingos- y no podrán alejarse más de 500 metros de sus hogares.

“Nosotros no queremos educación virtual, en las comunidades arrinconadas ni llamadas (de teléfono) entra, peor todavía el internet (…) Tiene que ser presencial (las clases), eso estamos pidiendo”, aseveró Santos Apaza, representante de los Ponchos Rojos.

El Decreto, sin embargo, da mayor autonomía a las Gobernaciones y Alcaldías para la toma de decisiones de acuerdo a la realidad de sus regiones.

“Es un caso muy delicado y no podemos estar al descubierto como fiscales, porque en menos de media hora se empezaron a filtrar declaraciones de testigos, de imputados y sindicados, lo cual no puede ser permitido en un caso tan delicado, por ello la reserva de la investigación”, declaró el  fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío

Las palabras de Añez llegan en medio de la polémica por el caso referido a la compra con sobreprecio de 170 respiradores españoles por parte del Gobierno