Política

Morales lamentó tocar el tema por ser uno de su vida privada y convocó a las organizaciones de derechos humanos y a la Defensoría del Pueblo a asumir acciones por el uso del nombre un niño fallecido.

El miércoles por la noche, el periodista Carlos Valverde denunció que el presidente Evo Morales y la empresaria Gabriela Zapata Montaño tuvieron una relación sentimental y que ambos están involucrados en un caso de tráfico de influencias. Luego de la polémica,  el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, salió al frente  anoche para decir que las acusaciones son parte de una “rabiosa casería política” de la oposición.

El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, anunció que el Gobierno asumirá acciones contra el periodista Carlos Valverde, quien denunció el miércoles que el presidente Evo Morales y la empresaria Gabriela Zapata tienen una relación  y que ambos están implicados en un caso de tráfico de influencias.

El Ministro de la Presidencia admitió que Zapata “fue efectivamente expareja del presidente Evo el año 2007”, aunque aclaró que en la actualidad el mandatario no tiene ningún tipo de relación desde aquella gestión.

El ministro dio una entrevista a la cadena internacional Telesur  y aseguró que esa denuncia forma parte de una presunta guerra sucia hacia el  gobierno del presidente Evo Morales.

La boliviana Gabriela Zapata Montaño publicó varios mensajes de admiración hacia el presidente Evo Morales Ayma, en su muro en Facebook. En dos de ellos, ella le dice que “estamos orgullosos de tu firmeza (…), de un caballero de honor como tú” y “cuando respiras y nos das respiro de esperanza, estamos contigo”.

Aseguró que junto a la bancada de Unidad Nacional realizará una campaña en sus horas libres y se trasladará a diferentes distritos de la urbe alteña para explica a la población las razones por las que debe votar por el No.

Las sanciones serán impuestas por los jueces o juezas electorales en el marco de las atribuciones contenidas en el artículo 54 de la Ley 18 del Órgano Electoral que dispone que dichas autoridades, pueden resolver controversias durante el proceso electoral, sancionar faltas electorales, vigilar el funcionamiento y la organización de notarios y notarias, jurados y juradas y mesas de sufragio. Además de requerir el apoyo de la fuerza pública para el cumplimiento de sus funciones y resoluciones.

Indicó que el sector en protesta pide una modificación tributaria que no se puede negociar. Aseguró que si en algún momento el Gobierno recibe a los dirigentes de los transportistas es para explicar que todos los bolivianos deben pagar impuestos.

En criterio del Órgano Electoral, la actitud de las autoridades contraviene los incisos I y II del Artículo 40 del Reglamento para Campaña que establece que ninguna servidora o servidor público podrá realizar campaña o propaganda electoral en actos de gestión pública o utilizando recursos públicos. Además, se aplican en Referendo las prohibiciones establecidas en el artículo 126 de la Ley del Régimen Electoral.