Política

La ONU y John Kerry, secretario de Estado de EEUU, anunciaron que la tregua comenzará el viernes. "Durante ese período de tiempo, las fuerzas sobre el terreno se mantendrán en su lugar", señaló un comunicado.

Las autoridades denunciadas son: la presidenta del Consejo de la Magistratura, Cristina Mamani Aguilar, los decanos Roger Triveño Herbas, Wilma Mamani, Wilber Choque y Freddy Sanabria.

La cooperación se realizará a través de intercambio de criterios sobre políticas de defensa y de integración, asuntos de seguridad regional, hemisférica y global; intercambio de experiencias y conocimientos sobre estructuras organizativas de los Ministerios de Defensa y de las FFAA y de conocimientos en las áreas de ciencia y tecnología.

Una de las propuestas, resultado del Diálogo Democrático para una Agenda Ciudadana y recopiladas por la Pastoral Social Caritas, indica que se deben primar “criterios meritocráticos para elección de magistrados y designación de otras autoridades”,  por lo que se debe “reformar la CPE para que la presentación no sea  en la Asamblea Legislativa”.

Las organizaciones políticas podrán sustituir sus candidatos observados hasta 72 horas antes de los comicios  del 12 de octubre.

 Las magistradas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Soraida Chanez y Mónica Velásquez. Ambas autoridades fueron acusadas por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, prevaricato e incumplimiento de deberes, transgresiones tipificadas en el Código Penal,  tras emitir un auto constitucional que puso en suspenso la aplicación de la Ley de Notariado.

La Pastoral Social Cáritas sugirió apostar a “criterios meritocráticos para elección de magistrados y designación de otras autoridades”.

El martes por la noche, la Cámara de Diputados decidió aprobar el juicio de responsabilidades contra las magistradas acusadas por contravenciones a la ley tras la emisión de un auto constitucional que  puso en suspenso la aplicación de la Ley del Notario.

El presidente Evo Morales aseguró que las actitudes de Israel no son garantes del respeto a las convenciones internacionales  y tampoco al resguardo de los derechos humanos.

Lo decidió el Departamento de Estado luego de la liberación en Aruba del narcomilitar Hugo Carvajal. "Con este paso subrayamos nuestro compromiso de hacer responsables a personas que cometen violaciones", dijo la vocera.