Política

La inhabilitación de Quispe ya se había conocido el pasado jueves. La documentación presentada por la autoridad fue revisada por la Comisión Mixta de Justicia Plural y tras una evaluación, se estableció que no cumplió con uno de los requisitos establecidos por la Constitución y la Ley 1549 “Transitoria para la Elecciones Judiciales 2024”.

“Hay senadores y diputados patriotas que defienden los intereses del pueblo boliviano, y se están enfrentando a las bancadas de Creemos, de Comunidad Ciudadana y ‘evista’, que no quieren que hagamos obras para el pueblo, boicotean la gestión, no permiten trabajar”, denunció el presidente Luis Arce.

“El informe de la CIDH lleva por título "Cohesión social el desafío para la consolidación de la Democracia en Bolivia" y la democracia se habla con verdad, no como lo hace Luis fernanco Camacho que tergiversa el informe refiriéndose a la existencia de presos políticos en el país y que adicionalmente se daría una investigación internacional con un actor que pueda venir a supervisar el funcionamiento de la justicia boliviana.  Los dos temas que refiere el gobernador Camacho son falsos, no corresponden a la verdad”, afirmó el Ministro de Justicia.

La Vicepresidencia dio a conocer la lista de postulantes habilitados e inhabilitados para pasar a las siguientes etapas de selección de candidatos.

La lista de los postulantes habilitados se publicaría el fin de semana. A partir del lunes inicia la etapa de impugnaciones. Entre el lunes 18 y el viernes 22 de marzo se recibirá las impugnaciones tanto de los postulantes que fueron inhabilitados como de la ciudadanía que quieran apartar del proceso de preselección a alguno de los aspirantes.

“Las elecciones cerradas que se realizaron en 2019 costaron alrededor de 27 millones bolivianos, cuando se habla de una elección abierta estamos hablando de un proceso electoral muy similar a una elección general, y una elección general aproximadamente cuesta entre 180 millones a 200 millones de bolivianos”, afirmó el vicepresidente del TSE, Francisco Vargas.

La inhabilitación de 128 en el Consejo de la Magistratura y de 57 en el Tribunal Agroambiental se dio porque incumplieron, en su mayoría, requisitos como la presentación del certificado de un idioma originario o no acreditaron la experiencia o especialidad mínima de ocho años en el área al que postulaban.

En este caso, Gabriela Zapata, expareja de Evo Morales, está imputada por los delitos de trata de personas y asociación delictuosa. La denuncia en su contra fue interpuesta por el expresidente por la presunta suplantación de identidad del supuesto hijo que tuvieron juntos.

De las 3,51 toneladas de oro,  19,70 están depositadas o invertidas en cuentas de oro y depósitos a plazo en bancos del extranjero y de alta calidad crediticia; y 3,81 están en bóvedas del Banco Central de Bolivia.

El expresidente del Estado, sorprendido, afirmó que “desconocía” de esos “temas internos” . Ante los gritos de rechazo a su presencia, se vio obligado a retirarse.