Política

El ministro de Justicia, Iván Lima, se refirió al comunicado de la ONU s aseguró que en Bolivia se respete el debido proceso “en su grado máximo”.

El activista de Derechos Humanos y representante de víctimas de Senkata, David Inca, precisó que la petición será planteada en las siguientes horas para que Camacho, expresidente del Comité Pro Santa Cruz, rinda cuentas por los hechos violentos que se registraron entre octubre y noviembre de 2019.

Para la Conferencia Episcopal Boliviana, la aprehensión de Luis Fernando Camacho, al ser éste Gobernador de Santa Cruz, se constituye en un ataque a ese departamento y quiénes votaron por su autoridad.

El Presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz reprochó la decisión judicial de haber enviado a Camacho a la cárcel de Chonchocoro por cuatro meses y aseveró que “todas las cosas que hace el gobierno es ilegal”.

Como parte del protocolo sanitario que aplica la Dirección de Régimen Penitenciario, el gobernador permanecerá aislado por al menos dos semanas y después se definirá a qué sección de ese penal será remitido.

El juez 8vo de Instrucción en lo Penal de La Paz, Sergio Pacheco, determinó que Luis Fernando Camacho, actual gobernador de Santa Cruz, cumpla detención preventiva por el lapso de cuatro meses en el penal de Chonchocoro.

El fiscal Mejillones reveló que Camacho firmó el acta de mandamiento de aprehensión en presencia de su abogado, el miércoles en Santa Cruz, por loque ya estaba al tanto de las consecuencias de su negativa al no concurrir a las citaciones del Ministerio Público, emitida desde el año pasado.

Al menos seis edificios de instituciones públicas y la casa del ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, fueron incendiados o destrozados entre el miércoles y la madrugada de este jueves en la ciudad de Santa Cruz.

El actual gobernador de Santa Cruz fue aprehendido cerca del medio día del miércoles para luego ser trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz. Cerca a la medianoche, Camacho se abstuvo de declarar y la Fiscalía lo imputó por el delito de terrorismo dentro de las investigaciones por el denominado “caso Golpe de Estado I”.

Además, se instruyó  a la ciudadanía en general a realizar un “resguardo pacífico” de todas las oficinas de las instituciones nacionales para evitar que se siga desarrollando los “autoatentados” y actos vandálicos.