El cronograma del censo fue reprogramado al 2024 como resultado de un acuerdo en el Consejo Nacional de Autonomías (CNA), donde estuvieron ocho de nueve gobernadores – solo faltó el de Santa Cruz- y la institucionalidad edil.
Para justificar su decisión, el Ministerio Público argumenta que debe existir una denuncia formal con todos los hechos descritos contra la persona; o en caso de juicio de responsabilidades, debe acompañarse de un pliego de acusación formal apegado a la Ley que juzga Altas Autoridades del Estado.
“Meses atrás escribí a la OEA pidiendo que los gobiernos democráticos de América inserten en su agenda diaria el tema urgente de la situación y liberación de presos políticos. Gracias Luis Almagro por escuchar a Carolina Ribera. La persecución política debe acabar”, señaló Añez.
“No queremos que las autoridades electas tengan paternalismo o que les diga qué hacer (a las concejalas); ellas deben tener libertad”, justificó el Presidente de la agrupación Somos Pueblo.
Para el titular de Diputados, en realidad los cívicos tienen la intención de desestabilizar al Gobierno, pues pese a que se les convocó a defender su propuesta en una mesa técnica, se niegan a participar de la misma.
“Ojalá (haya doble aguinaldo), como todos los trabajados, esperanzados de que pueda salir y, si es posible, seguramente vamos a ver cómo lo discutimos con el gobierno”, dijo el Secretario Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana.
“Cuando la democracia no les es útil empiezan a cuestionarla y empiezan a utilizar otros mecanismos extra democráticos para hacerse del poder y en eso la clase obrera debe estar muy atenta, lo hemos vivido el 2019 con el golpe de Estado”, afirmó el Presidente del Estado.
El Informe CIDH esta bajo reserva, por lo tanto no podemos pronunciarnos como Gobierno sobre su contenido públicamente. En General no en este caso los Informes de la CIDH son vinculantes y la acción penal publica en Bolivia es definida por el Fiscal General (sic)”, señaló el Ministro a través de su cuenta de Twitter.