Política

El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian A. Nichols, expresó en cuenta Twitter su “preocupación” por la situación en el departamento de Santa Cruz.

Las marchas se replicaron en Cochabamba, Oruro y Pando como una "respuesta" a la movilización convocada por los cívicos, a favor de Fernando Camacho y para pedir el cese de la "persecución política", el pasado martes.

El pasado 4 de enero, el Ministro de Gobierno dio el primer informe de los movimientos económicos que realizó Fernando Camacho entre noviembre y diciembre de 2019, supuestamente para "sobornar" a policías y militares. En esa oportunidad anunció ampliaría la denuncia por los delitos de cohecho y seducción de tropas.

“Está estable después de recibir medicación, de recibir el suero cada 21 días; está mucho mejor. Las condiciones de altura y frío (de La Paz) no ayudan mucho en la enfermedad, pero está tranquilo y estable”, afirmó Fátima Jordán.

La convocatoria la realizó la ministra de la Presidencia, María Nela Parada, durante el acto de presentación del sello “Empresa comprometida con una vida libre de violencia contra las mujeres en el Estado Plurinacional de Bolivia”.

“Si el gobernador y el vicegobernador han dejado a Santa Cruz sin dirección, tendrán que haber nuevas elecciones en ese departamento, el Tribunal Electoral tendrá la palabra, pero no hemos tomado una definición sobre el tema”, afirmó el Ministro de Justicia.

Ayer, miércoles, seis senadores de EEUU emitieron un pronunciamiento conjunto en relación a la situación del país, en el mismo dicen que “el presidente boliviano Luis Arce se enfrenta a una prueba crítica de liderazgo democrático”.

La información fue proporcionada por el vicegobernador cruceño Mario Aguilera, como parte de la argumentación de la Gobernación de Santa Cruz para demostrar que Fernando Camacho puede seguir ejerciendo el cargo de Gobernador desde la cárcel paceña.

El Ministro de Gobierno cuestionó a Carlos Mesa, líder de la alianza Comunidad Ciudadana (CC), y a asambleístas de oposición por reaccionar contra “supuestos” grupos de Choque del Movimiento al Socialismo (MAS), pero mantener silencio ante el accionar violento de grupos como, dijo, la Unión Juvenil Cruceñista (UJC).

“En ninguna parte, con este decreto, se pretende alcanzar el cobro de compras y ventas por internet, por Netflix, Spotify, entre otros, mucho menos, como decía el diputado (Miguel) Roca, que van a ir a golpear sus puertas y les van a multar por consumir Spotify”, dijo el viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales.