Ayer, través de una carta escrita en la cárcel, el Gobernador de Santa Cruz presentó su propuesta para trabajar hacia lo que define como una ruta hacia un modelo de Estado Federal.
“Hay ciertas propuestas que no pasan por una simple ley, necesitan reforma constitucional. Somos claros en eso, la Constitución reconoce 30 años de cárcel sin derecho a indulto y no más”, afirmó el viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles.
A nivel nacional, la Actualización Cartográfica Estadística alcanza a la fecha el 97,2%, restando solo un 2,8% para concluir este operativo de campo en el país.
El fin de semana, el Banco Fassil en Intervención puso a la venta un primer grupo de siete inmuebles, de un total de 890, aproximadamente, con los que cuenta a escala nacional.
“Están prohibidas las tareas (…) nosotros hemos reiterado (el descanso es para) que el estudiante pueda descansar, despejar la mente y poder continuar con el aprendizaje presencial para continuar con su formación y así, seguir mejorando la calidad educativa”, manifestó la autoridad en una rueda de prensa.
El presidente Luis Arce; los ministros de Educación y de Gobierno, Edgar Pary y Carlos Eduardo del Castillo, respectivamente, junto a otros representantes, incluida la dirigencia de los estudiantes de secundaria, se reunieron por primera vez en el denominado Consejo Interinstitucional por la Niñez,
“Hemos evaluado, hemos visto mediante el Sedes que los casos están bajando. Ya no hay mucho contagio, la enfermedad ya está yendo (…) sería por demás usar el barbijo”, afirmó Santos Quispe.
El Viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales negó que exista un “pacto de impunidad” con cualquier autoridad. “No es que el juicio (contra Reyes Villa) se ha acabado (...) lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es: ‘reconduzcan el procedimiento, no vayan por el juicio ordinario porque le corresponde juicio de responsabilidades’”, explicó.
En este caso, los familiares y colaboradores de Camacho son investigados en calidad de denunciados por el presunto flujo económico que se generó días en noviembre 2019, cuando Luis Fernando Camacho era presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, y este se trasladó a La Paz pidiendo la renuncia del entonces presidente Evo Morales.
Las placas fueron retiradas a vehículos privados cuyos dueños deben impuestos mayores a cinco mil bolivianos. La medida no se aplica al transporte público.
