La labor del Defensor fue cuestionada por las marchistas de Achacachi, Monseñor Eugenio Scarpellini, Obispo de El Alto, y políticos que pidieron su renuncia.
Según el informe del alto comisionado de la ONU por los derechos humanos, el gobierno tiene "la voluntad política de reprimir a la oposición e instalar el miedo entre la población para poner fin a las protestas".
