La aclaración del jefe de laboratorio de EPSAS, Luis Hilarión Quispe, se da a raíz de un reportaje que da cuenta la presencia de metales pesados cancerígenos en aguas de La Paz El Alto y Viacha.
El ministro, viceministros y los gobernadores del país se reunieron la mañana de este martes en la ciudad de Santa Cruz para tratar temas que atañen a la realidad regional, entre ellos deudas con el FNDR, Censo, entre otros.
La orden de aprehensión firmada por la fiscal Yolanda Aguilera señala que la acción se dio por los delitos de desobediencia a resoluciones en acciones de defensa y de inconstitucionalidad.
“Nosotros venimos a hablar no solamente de esas medidas (que anunció el presidente Luis Arce, el 6 de agosto,) sino también escuchar las propuestas que ha trabajado la Cámara Agropecuaria del Oriente y por su puesto con toda la predisposición para avanzar”, dijo la ministra de la Presidencia, María Nela Prada.
En conferencia de prensa, el dirigente Ponciano Santos, quien en el pasado ya avisó con “convulsionar” el país, precisó que el mandatario debe solucionar el tema de la falta de combustible, del dólar y promulgar las leyes aprobadas en la sesión de Asamblea del 6 de junio realizada a la cabeza de Andrónico Rodríguez.
El Alcalde de La Paz, en el foro “Paz, crisis y desarrollo”, sugirió modificar la Ley de Hidrocarburos para incentivar la inversión privada, eliminando la participación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) en la cadena productiva.
El Vocal del Tribunal Supremo Electoral, Tahuichi Tahuicho Quispe,alertó que “estamos transitando de un escenario ideal de solo elecciones judiciales hacia un escenario catastrófico” marcado por la realización de “tres procesos electorales a la misma vez”.
En junio pasado, la Organización Boliviana de Defensa y Difusión del Folklore (Obdefolk) presentó una denuncia ante la Unesco en contra de una festividad celebrada en Puno por la difusión de la Diablada, Morenada y Llamerada como propias y el cambio en la historia de las manifestaciones culturales.
La sentencia del TCP limitó a dos periodos constitucionales, sea de forma continua o discontinua, la cantidad de tiempo que una persona puede ejercer la presidencia; sin embargo, a percepción de Del Granado la limitación también alcanza a otros cargos públicos como a los alcaldes.
Goni y dos de sus exministros son acusados por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por la firma de contratos con 21 empresas transnacionales para tareas de verificación y explotación de reservas hidrocarburíferas
