Lo expresado por la oposición chilena va en la misma línea de la posición del gobierno de Javier Milei en Argentina. La ministra de Seguridad de ese país señaló el fin de semana que su país está en máxima alerta en la frontera con territorio boliviano, precisamente, por sus acuerdo con Irán.
“Desmentimos y rechazamos enfáticamente que Bolivia proteja en sus fronteras a personas que siembren el terror, la inseguridad y la zozobra. Estas acusaciones carecen de evidencia o documentación y se realizan sin fundamento alguno”, señaló la Cancillería boliviana y anunció que en las próximas horas se convocará a la representación diplomática argentina en el país.
La Sala Constitucional Tercera de Santa Cruz aceptó el amparo presentado por la abogada Margarita Medrano Mayta y ordenó a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) paralizar el proceso de selección de postulantes hasta el próximo 22 de abril, día en que se realizará la audiencia por este caso.
Las preguntas fueron entregadas en sobres cerrados, las mismas servirán para el examen oral de los postulantes a cargos rumbo a las elecciones judiciales 2024.
Por segundo día consecutivo, los trabajadores de los ocho sindicatos municipales entre ellos del PumaKatari, Emaverde, guardias municipales, Edme, Emavías, entre otros, paralizan el centro paceño. Denuncian supuestas vulneraciones al derecho laboral en la Alcaldía de La Paz y exigen respeto a sus fuentes laborales. El Alcalde amenazó con sanciones y condiciona el diálogo.
El fin de semana, Evo Morales descartó asistir a cualquier citación fiscal, si es citado, por las investigaciones dentro del caso de las ejecuciones extrajudiciales, ocurridas el 2009, en el Hotel las Américas.
Por otro lado, los obispos, a través de un comunicado oficial, expresaron la necesidad de que la sociedad civil asuma su “papel predominante” para que la administración de la justicia sea transparente y se aplique la ley “sin manipulación e influencia alguna”.
En septiembre de 2021, la CIDH emitió un informe de fondo por el caso del asalto al Hotel Las Américas; pidió al Estado investigar y procesar a los responsables en territorio nacional por estas vulneraciones a los derechos humanos. También recomendó resarcir daños a las víctimas.
“La deuda que tenía Argentina respecto al gas, la deuda fue saldada hace unos 10 días o siete días. Ese no es más un problema”, aseveró el embajador de Argentina en Bolivia, Marcelo Massoni.
