La Paz, 03 de agosto (Oxígeno).- El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, identificó cinco regiones como las más peligrosas para la vida y la integridad física de las niñas y denunció  el completo desinterés de las autoridades nacionales y locales frente a un problema cada vez mayor.

“Por los datos que se tienen hemos concluido que el norte de La Paz, los municipios de Santa Cruz, Cochabamba y El Alto, además de zonas como el sur de Tarija, son áreas que más casos registran y más allá de algunas señales de preocupación en Santa Cruz, no vemos indicios que nos muestren que las autoridades hayan  asumido ninguna acción sobre este tema”, dijo Villena este lunes, afectador por la aparición de más casos de violencia y asesinato de niñas.

Sobre los casos recientes, Villena dijo que, desde hace dos años, los casos de violencia sexual acompañadas de muertes en poblaciones del norte de La Paz se han multiplicado de manera “pavorosa”, convirtiendo esa región en una de las más peligrosas en el país para la vida y la integridad de las niñas.

Respecto del caso de la niña violada y asesinada en Chulumani días atrás, Villena informó que el 23 de julio pasado, su Representante en La Paz se reunió en Coroico con cinco alcaldes del norte paceño, conjuntamente autoridades de la Gobernación del Departamento, para proponerles que se firmara un acuerdo que permita tomar acciones de prevención para detener la violencia que están sufriendo la niñez en esa región, “pero fue precisamente el Alcalde de Chulumani el que se negó a considerar el tema aduciendo que el problema no era importante”.

El Defensor recordó que,  junto a este caso, en los últimos días se informó de ultrajes cometidos contra dos niñas en Santa Cruz, casos que se suman a otras decenas que se han denunciado en Bolivia en los últimos meses,  en los que se identifican tres patrones comunes: las víctimas son niñas menores, los criminales generalmente son familiares cercanos y las violaciones están  acompañadas de tortura o muerte.

“El año pasado identificamos 73 casos de infanticidios y en lo que va de esta gestión,  casi alcanzamos los 30; nosotros estimamos que  cada día en Bolivia ocurren alrededor de 16 casos de abuso sexual; en la mayoría la impunidad es la principal variable  y la inacción de las autoridades resulta vergonzosa ya que se limitan a gestionar la detención al responsable, sin asumir ninguna acción de prevención posterior o de ayuda sicológica a la víctima que muchas veces debe regresar al lado de su agresor”, dijo.

La autoridad defensorial indicó que, “Los casos de violencia criminal contra las niñas, niños y adolescentes están acompañadas de la desidia, desinterés y hasta complicidad de las autoridades de todo nivel que, pese a la gravedad de los hechos, ya ni siquiera se preocupan  y menos asumen la responsabilidad que les corresponde”.

Indefensión e impunidad

Villena explicó que las niñas entre 5 y 14 años se encuentran en una situación particularmente grave en Bolivia, especialmente en el tema de la violencia sexual que la sufren en sus casas, en sus escuelas, las calles, sus barrios y prácticamente en todos los espacios de su vida, a partir de una cultura que ejerce, promueve y permite la violencia contra las niñas, niños y adolescentes  “una forma de vida en la que muchas veces los padres, hermanos o familiares la perpetra, las madres la ejercen, la socapan o la justifican y la sociedad las tolera”.

Señaló además que la impunidad alcanza principalmente a los poderosos, colocando como ejemplo a la Asamblea Legislativa que, decidió proteger , por ejemplo, a uno de sus miembros, el asambleísta Jacinto Vega,  dilatando el análisis de su caso y dándole el “beneficio de la duda”, pese a que este está acusado por dos niñas de haberlas violado en Villamontes.

Según el Defensor, estos hechos nos llevan a reconocer  que la violencia contra la  niñez es el problema principal para los derechos humanos en Bolivia.  “El problema más grave es que es una población a la que no se le escucha,  la gente no cree lo que los niños denuncian y las entidades encargadas de su defensa y protección carecen de los medios, recursos e interés, pese a que la Constitución determina que su atención es prioritaria”.