El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó hoy que la pérdida económica por los hechos vandálicos y quema de la infraestructura y mobiliario del Ministerio Público en ese departamento asciende a más de 37 millones de bolivianos, datos que fueron avalados por peritos que realizan las investigaciones.

“En una evaluación previa realizada por peritos se tiene una pérdida de 37 millones de bolivianos de afectación en contra de un patrimonio del Estado, en este caso de Santa Cruz, han destruido prácticamente todo el edificio, se quemaron todos los muebles, equipos de informática y los vehículos. Nosotros vamos a seguir trabajando en diferentes oficinas y por teletrabajo para continuar con la atención de casos”, sostuvo Mariaca.

El Fiscal Departamental, indicó, en ese sentido, que “tenemos una investigación aperturada, en la cual el Ministerio Público, a través de una Comisión de Fiscales está realizando los actuados necesarios. A la fecha se tienen personas con detención preventiva que fueron puestos ante el juez cautelar y a las que se demostró los indicios que señalan que los destrozos y quema fueron provocados por grupos vandálicos.”

Agregó que en la infraestructura quemada se tenía una Cámara Gesell para víctimas de violencia, menores de edad, casos de violencia, abuso sexual, donde se tomaban datos que se convertían en pruebas para el juicio; sin embargo, ahora no solo está afectado el Ministerio Público, sino las víctimas en general.

Respecto a la quema de documentación en el edificio, Mariaca aclaró que el Ministerio Público cuenta con un sistema informático Justicia Libre, de primer nivel, en el cual se tenía toda la información y se irá reponiendo cada uno de los casos en especial de la Fiscalía Anticorrupción.

La pasada semana, grupos que se oponen a la detención del gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, incendiaron las instalaciones de la Fiscalía Departamental en ese departamento como parte de sus protestas.

Producto de ese hecho, nueve personas fueron enviados a la cárcel con detención preventiva.