El fallecimiento, ocurrido el fin de semana, del juez de Coroico Marcelo Lea Plaza, investigado y testigo clave del llamado ‘caso consorcio’, es investigado por la Policía bajo la figura de suicidio; sin embargo, el presidente del Consejo de la Magistratura sospecha que se trató de un atentado.

En el caso consorcio, Lea Plaza fue el primer aprehendido, pero colaboró con la investigación y reveló una red de autoridades judiciales que le habrían inducido a emitir la resolución cuestionada.

Fue encontrado muerto el domingo pasado en su vivienda y desde la Policía se sospecha de un posible suicidio.

El general Walter Sossa, director nacional de la fuerza anticrimen, relató a Erbol que el juez se habría ahorcado. Según el reporte policial, se encontró en el lugar una cuerda de color verde, que se había usado como elemento constrictor. También había un taladro de color amarillo, con el que Lea Plaza habría hecho un orificio en la viga del techo.

“Tres médicos forenses han determinado la causa de la muerte como asfixia cerebral, compresión cervical externa, asfixia mecánica compatible con ahorcadura e, indicando finalmente, que no presentaba signos de violencia física por tercera persona”, precisó el general Sossa.

No obstante, el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, expresó sus sospechas respecto a que alguien atentó contra la vida del juez.

“Entiendo que atentaron contra su vida”, indicó Baptista, en contacto con Correo del Sur.

También pidió investigar si existe alguna vinculación de esta muerte con las acciones constitucionales que pretenden defenestrar no solo a los magistrados prorrogados sino también a los que fueron electos en diciembre de 2024.

Advirtió que si existe relación entre ambos sucesos “sería escandaloso” para la administración de justicia.

Finalmente, Baptista indicó que si bien el Consejo de la Magistratura no tiene competencia en el caso abierto por la muerte de Lea Plaza, analiza una petición de ampliación de la investigación por su vínculo con el caso Consorcio.

Caso consorcio

La investigación del caso surgió a raíz de la decisión del juez de Coroico Marcelo Lea Plaza, quien, tras una acción de cumplimiento, trató de destituir a la magistrada del TSJ por La Paz, Fanny Coaquira Rodríguez, y en su lugar habilitar como magistrado a Iván Ramiro Campero Villalba, quien no logró los votos suficientes en las elecciones judiciales para ser magistrado electo titular.

El presidente del TSJ, Romer Saucedo, en ese sentido, detalló el accionar del presunto consorcio para dar el “golpe” al Órgano Judicial.

Relató que en enero, el entonces ministro de Justicia, César Siles, impuso que Yván Córdova sea el Presidente del Tribunal Departamental (TED) de Justicia de La Paz. “Asumiendo la presidencia, empieza a gestarse un juego de intereses para poder asumir el ex vocal y decano Iván Campero, quien es magistrado suplente de la doctora Coaquira”, relató.

En ese sentido, el Presidente del TSJ señaló que Córdova delegó a Claudia Castro como vocal de la Sala Penal y fue ella la encargada de coordinar la acción de cumplimiento con la que el juez Lea Plaza destituiría a la magistrada Coaquira, acción por la que fue aprehendido y detenido preventivamente.

“Todo esto protegido por el exministro (Siles). A título personal planifica este ataque al Órgano Judicial”, relató Saucedo.

Incluso, señaló que se están ejecutando accionares similares en busca de destituir a magistrados y tribunos del Consejo de la Magistratura y del Tribunal Agroambiental y así “dar un golpe a la democracia y la institucionalidad”.

En conferencia de prensa, el Presidente del TSJ recalcó que el accionar de Siles fue a “título personal” y no así del Gobierno boliviano.

Dentro de este caso son investigados – sin contar de Lea Plaza- el exministro de Justicia César Siles, la exvocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz Claudia Castro,  el magistrado suplente Iván Campero, el expresidente del TDJ La Paz Yván Córdova y el abogado José Ramiro Uriarte, entre otros.