La medida está amparada en el decreto 5245 aprobado este miércoles, para poner en marcha las iniciativas que coadyuvarán en el control del traslado y comercialización de alimentos en las fronteras. Todo se enmarca en la Ley 100 de 2011 que, además, establece como un delito el traslado de alimentos y lo sanciona con una pena privativa de libertad de entre 10 y 14 años.