Seguridad

Los reclusos del penal El Abra, ubicado en la ciudad de Cochabamba, iniciaron la madrugada de este miércoles un motín, que incluye el encendido de fogatas dentro del hacinado penal y donde el fin de semana hubo una fiesta que terminó con el asesinato de cuatro personas.

El Defensor del Pueblo anunció el inicio de una investigación “profunda y minuciosa” sobre el hecho para dar a conocer un informe sobre los hechos. Denunció que una de sus comitivas fue agredida por miembros de seguridad del Ministerio de Gobierno que requisaron, confiscaron y borraron el registro fotográfico que debía ser utilizado en el informe.

La mamá del ciudadano irlandés, Michael Dwyer, abatido en el hotel Las Américas el 16 de abril de 2009, llegó a La Paz y sostuvo una reunión por caso dos horas con el representante en Bolivia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

María Elena Moreno fue acusada de estafa agravada por más de un millón de dólares a socios de la cooperativa San Luis con 20 letras de cambio, cuando era supuestamente apoderada de trabajadores de la Empresa Nacional de Ferrocarriles (ENFE).

 El fiscal de distrito de Cochabamba, Freddy Torrico, explicó que se determinó que el proceso se efectúe de manera paralela a la muerte de cuatro personas en el penal, que se habría provocado por una pugna de poder por el control de cobros ilegales y actividades ilícitas.

La sentencia fue notificada el 5 de septiembre. El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, expresó su satisfacción por el fallo y recordó que esta sentencia responde a la valentía que tuvieron los jóvenes y señoritas excluidas anteriormente, para exigir que se respeten sus derechos a no ser discriminados.

El director del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Andrés Flores,  expresó que esa instancia  trabajó en el levantamiento de las evidencias.

El enfretamiento se resgitró aproximadamente las 22.00 del domingo durante un apagón en una supuesta celebración de una misa que era parte de una fiesta en honor de la Virgen de Urkupiña.

La Policía destinó un contingente de 200 efectivos para la requisa y la investigación de los hechos.

La autoridad aseguró que la Policía tiene la instrucción de arrestar a los propietarios de vehículos indocumentados que obstaculicen el libre tránsito en las carreteras.