Seguridad

Los compradores de departamentos reclamaron que dicha empresa dotó de los inmuebles "con documentación falsificada". Según las denuncias, se pagaron hasta $us 100.000 por cada uno de los espacios habitacionales.

El Ministerio Público pide una condena de 20 años de cárcel para los sindicados por causar destrozos en el edificio de la Fiscalía General del Estado y por presuntamente constituirse en una organización criminal que protagonizó los disturbios en la capital del Estado.

Diego V. C. M. es acusado por los delitos de Homicidio y Lesiones Graves y Gravísimas en Accidente de Tránsito, Omisión de Socorro y Conducción Peligrosa de Vehículos. El pasado sábado conducía en estado de ebriedad y atropelló a dos payasitos: Gabriel Quispe Choque de 47 años y Alex Gabriel Quispe Bustos de 12 años.

“Este hecho se encuentra en investigación, al momento se conoce que en el lugar se encontraban varias personas; sin embargo, al percatarse de la presencia policial se dieron a la fuga, por lo que no se pudo aprehender a nadie", informó la Fiscal Departamental de Cochabamba.

“Personal de seguridad penitenciaria no reportó ningún hecho de confrontación entre la población penitenciaria, mucho menos que se haya registrado la muerte de un privado de libertad al interior del penal”, informó el Régimen Penitenciario.

“El pasado viernes en horas de la noche ya ha salido del centro penitenciario San Pedro, él está en su domicilio, está guardando una detención domiciliaria sin salida laboral con Bs 60.000 de fianza económica y vamos a asumir defensa durante el mes que queda de investigación”, informó Mónica Irusta, abogada de Quelali.

Nallar es el principal sospechoso del triple asesinato a sangre fría de los sargentos Alfonso Chávez y Eustaquio Alanes, y el voluntario del Grupo de Apoyo Civil a la Policía Boliviana (Gacip), David Candia, en Porongo.

Tras la aprehensión de Luis Fernando Camacho, grupos irregulares afines a los cívicos cruceños protagonizaron una serie de ataques violentos en contra de instituciones públicas, dos domicilios particulares y dos empresas privadas, según datos del Gobierno.

El Gobernador de Potosí se encuentra investigado por el delito de contratos lesivos al Estado por el proceso presuntamente irregular para la compra de 41 ambulancias.

“Los daños preliminares ascienden la suma de 37 millones de bolivianos. En bienes muebles, escritorios y otros se cuantificó 1 millón de bolivianos; por la quema de equipos de computación se aproxima a los 2 millones de bolivianos; por los vehículos quemados asciende a 4 millones de bolivianos y el resto del monto corresponde al costo de la infraestructura”, explicó el Director de Gestión Fiscal.