El Fondo Indígena que acaba de fallecer después de ser saqueado por una cúpula dirigencial de las organizaciones campesinas y originarias afines al Gobierno, con complicidad de éste, funcionó con una estructura organizativa que se asemeja a una pesada máquina difícil de mover y cuyas partes no sincronizaban su movimiento.

El primer nivel decisorio de aceptación de proyectos y de definición de las líneas maestras del Fondo era la Asamblea que reunía entre 40 y 60 dirigentes de todos los pueblos indígenas que según normas internas debían reunirse bimensualmente. La penúltima reunión de esta Asamblea fue en julio de 20011 y solo 8 meses después en marzo de 2012 se volvió a reunir, sobre todo con los representantes de las organizaciones indígena-campesinas afines al Gobierno (CSUTCB, Colonizadores, y Bartolinas), pues desde 2010 la CIDOB y el CONAMAQ se  separaron del Pacto de Unidad y el 2011 terminaron de romper su elación con el Gobiernista MAS.

El segundo nivel decisorio estaba compuesto por la Dirección Ejecutiva y su pequeño equipo técnico especializado, que respondía a criterios político partidistas y a criterios de lealtad con alguna de las organizaciones sociales.

El tercer nivel decisorio fueron las Direcciones Generales de Área, que en un modelo de gestión convencional basado en Resultados, es decir en la eficiencia, deberían responder a la Dirección Ejecutiva y su staff. Pero, los Directores de Area eran nombrados por las organizaciones campesinas-originarias-indígenas MASistas. Es decir, había un Director por la CSUTCB, otro por los Colonizadores, otro por las Bartolinas, y etc.. Y cada uno de esos Directores de Area a su vez, en sujeción al origen político de su nombramiento, armaba su respectivo equipo técnico de revisión y seguimiento de proyectos con técnicos sugeridos por su organización social, técnicos muchas veces ineficientes que atendían sólo a los proyectos de su organización y no de otra.

En resumen, esa estructura de gestión “corporativizada” del Fondo Indígena fallecido tuvo como características 1) que en un afán participacionista extremo, las decisiones de aprobación de proyectos anuales se remitían a una reunión muy numerosa y disímil –la Asamblea- que su lento movimiento afectaba completamente al ciclo regular de funcionamiento del Fondo. Y 2) la parcelación administrativa asentada en lealtades y clientelismo político de las organizaciones campesino-indígenas-originarias de las Direcciones de Área, creaba compartimentos estancos y falta de fluidez en la gestión vertical y horizontal y manejo de la decisión e información. Entonces, no sorprende que el Fondo hubiera tenido una Gestión pesada, clientelar y de tortuga. Por ello, la ejecución de proyectos se fue paralizando gradualmente por el experimentalismo MASista que creyó –equivocadamente- que el participacionismo extremo era la alternativa “indígena” de gestión, favoreciendo la corrupción y el desfalco de dineros públicos, como lo que ocurrió en la realidad. Y todo esto le costó millones al Estado boliviano y gran desprestigio al MAS y su forma corrupta de relacionarse con las dirigencias progubernamentales de campesinos, indígenas, originarios y colonizadores.

Recién, por el Decreto Supremo 2493 del 26 de agosto de 2015, se creó el “nuevo” Fondo de Desarrollo Indígena, con una estructura orgánica diferente del anterior Fondo Indígena. La principal novedad es que los representantes de las organizaciones campesinas indígenas originarias no toman decisiones pues se elimina su presencia de la Asamblea y el Directorio, y se habilita un Consejo Consultivo. Los proyectos serán aprobados por el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras,  y el Director Ejecutivo ahota tiene potestad de decisión en el “nuevo” Fondo.  

El Consejo Consultivo, ahora podrá formular propuestas, realizar evaluaciones y recomendaciones cada año, sobre los proyectos financiados por el Fondo. En el Consejo Consultivo están la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qollasuyu (CONAMAQ), la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias  de Bolivia- Bartolina Sisa (CNMIOCB-BS) y la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Indígenas Originarios de Bolivia-Colonizadores (CSIOB). Se excluyó a 2 importantes organizaciones de tierras bajas que anteriormente tenían representación en el Fondo Indígena, la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB) y la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG).

Cuatro iniciales observaciones al “nuevo” Fondo Indígena: 1) Se ha excluido a los Moxeños e indígenas benianos y a los guaranís y el “nuevo Fondo” solo funcionará con organizaciones MASistas en el Consejo Consultivo (CSUTCB, Bartolinas, CONAMAQ oficialista y CIDOB oficialista y Colonizadores). 2) A falta de ideas para crear una nueva institucionalidad democrática (organización y normas) el “participacionismo extremo” promovido por el MAS al inicio de su gestión se convierte ahora sólo en funciones consultivas, de seguimiento y evaluación que realizaran las organizaciones indicadas. 3) El Director Ejecutivo tendrá verdaderas funciones gerenciales, lo que podría ayudar a que este Fondo funcione con eficiencia, pero los proyectos se definirán en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, donde están los principales responsables estatales de la corrupción del anterior Fondo.

A pesar de que el nuevo modelo de funcionamiento del Fondo actual busca ser “eficientista”, las observaciones mencionadas podrían impedir un buen destino a eso que pomposamente se quiere llamar “nuevo” Fondo indígena, más aún en momentos en que con seguridad sus ingresos disminuirán por la baja de los precios internacionales del gas, dado que sus recursos vienen del impuesto directo a los hidrocarburos (IDH) ///